La notificación sobre casos del virus debe hacerse de manera confidencial
El legislador del grupo parlamentario del PRI, Eruviel Ávila Villegas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 2 y 135 de la Ley General de Salud y 133 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de asegurar el derecho a la salud y evitar la discriminación laboral contra personas portadoras del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Además, la iniciativa busca prohibir a los patrones, o a sus representantes que condicionen el ingreso, permanencia, ascenso, coaccionen o despidan a cualquier trabajador, directa o indirectamente, por ser portador de esa enfermedad.
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El senador Ávila Villegas argumentó que de acuerdo con un análisis del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el principal enfoque del gobierno federal sobre el VIH y el SIDA ha sido contener la transmisión como problema de salud pública.
“Pero no se ha combatido de manera efectiva los prejuicios que las personas que viven con VIH enfrentan. Éstos frecuentemente dificultan el acceso tanto a tratamiento como a otros derechos. En particular, la desinformación sobre la naturaleza del VIH y el SIDA conduce a trato discriminatorio en las instituciones de salud, los centros laborales, las familias, las comunidades y las escuelas”, expuso.
Comentó que la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA debe realizarse considerando tanto las necesidades de prevención y protección de la salud pública, como el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas que viven con el problema, en especial su derecho a la protección de la salud, a la igualdad, a la vida privada, a la confidencialidad y a la no discriminación.
Por estas razones, señaló que la notificación sobre casos del virus debe hacerse de manera confidencial, porque su objetivo es contar con información necesaria para establecer las medidas de prevención y control de enfermedades transmisibles, así como proteger la dignidad, la vida privada y los derechos humanos del afectado.
La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera.
