La propuesta de reforma laboral que realizó el Grupo Parlamentario de Morena -el 22 de diciembre de 2018- tiene “focos rojos” que impiden cumplir con los propósitos de libertad sindical, y dudas sobre la efectividad en aspectos como la conciliación, la instrumentación de los tribunales laborales; así como una permanente petición para que se incluyan modificaciones el tema de outsourcing.
Así lo manifestaron especialistas en el Foro “Reforma Laboral para Todos. Justicia para el Desarrollo” organizado en la Cámara de Diputados en donde se tomó como consenso “que se avance en la aprobación de la reforma reglamentaria”, lo que implica enfocarse a los aspectos relacionados con la creación del nuevo centro de conciliación, mismo que ha recibido fuertes críticas porque podría convertirse en una entidad con “supra poderes sin límites en perjuicio de los trabajadores”, dijo en las conclusiones Alfonso Bouzas, quien participó en la redacción de la iniciativa de reforma.
Añadió que es evidente que todos que se busca una real libertad y democracia sindical dejando en la mano de los trabajadores todas las expresiones del voto universal, directo y secreto para que éste se cumple y se construya una verdadera relación colectiva.
Uno de los mayores críticos del outsourcing fue el magistrado en materia laboral en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Héctor Arturo Mercado López, quien dijo que en el país se ha abusado de la subcontratación ilegal, construida para impedir pagar el reparto de utilidades, quitarles estabilidad a los trabajadores e impedirle el ejercicio de sus derechos colectivos: organizarse sindicalmente y ejercer el derecho de huelga. “Es ilegal porque las normas internacionales del trabajo la prohíben”.
En ese sentido, se pronunció por generar un mecanismo que expresamente prohíba esa práctica. Consideró que no se deben modificar los artículos 15A, 15B y 15C de la Ley Federal del Trabajo, sino el 15D, para precisar que no se permitirá el régimen de subcontratación y eliminar la frase “con el fin de disminuir derechos laborales”, ya “que la sola contratación le disminuyó lo principal, que es la estabilidad en el empleo”.
Respecto al registro sindical, indicó que éste debe tener un aspecto publicitario que sólo confirme la existencia de un ente real. Sugirió establecer en el artículo 368 de dicha norma que la Constancia de la solicitud de Registro presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral produce efectos ante todas las autoridades.
Jorge Domingo Viveros Reyes, integrante del Observatorio Laboral, destacó que la iniciativa manda el derecho laboral al ámbito privado, lo quita del social y va en detrimento del sentido proteccionista para el empleado.
Recomendó prohibir la subcontratación o que permanezca, pero fijar en la ley su temporalidad y que los sindicatos tengan intervención en esos casos, a fin de apoyar al trabajador.
Al respecto, Bouzas recomendó no eliminar la tercerización, “llegó para quedarse”; por lo que, en caso de que haya consenso, se puede abordar el tema; pero, no forma parte de los parámetros de la reforma constitucional, dijo.
A su vez, la diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) se comprometió a impulsar los cambios y propuestas presentados por los diferentes grupos de especialistas durante el Foro, ello con el fin de avanzar en una reforma que dé respuesta a la reforma constitucional de 2017, pero que sea incluyente.
Con información de El Economista.
