El gobierno mexicano afirmó que está de acuerdo con aceptar inspectores estadounidenses para el cumplimiento en las disposiciones laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre y cuando Estados Unidos también permita hacer lo mismo a inspectores mexicanos en plantas estadounidenses.
“En un acuerdo comercial, hay reciprocidad, tan fácil como eso. Si quieren tener un equipo de inspectores de trabajo que vaya a México, perfecto. Enviaremos inspectores de trabajo a Estados Unidos”, dijo Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos.
De esa forma, Bárcena replicó el lunes a la propuesta de los senadores Ron Wyden (D-Ore.) y Sherrod Brown (D-Ohio) que funcionarios de Estados Unidos puedan hacer inspecciones en determinadas fábricas localizadas en territorio mexicano para verificar el cumplimiento de las leyes laborales locales y los compromisos en materia de trabajo pactados en el T-MEC, en el caso de que estén inconformes con una primera inspección hecha por las autoridades mexicanas.
Bárcena aseveró que México no aceptaría una medida unilateral.
Por su parte, Brown “está absolutamente abierto a que la disposición sea bilateral y espera continuar el trabajo con ambas administraciones”, expresó la portavoz de Brown, Jennifer Donohue, en un comunicado.
Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), la inclusión de disposiciones laborales exigibles en el texto del T-MEC es un cambio clave que puede llevar a una mayor protección laboral, en particular porque el sistema judicial de México otorga gran importancia a los tratados internacionales.
Algunos grupos estadounidenses favorecen la inclusión de nuevas disposiciones sobre el trabajo forzoso u obligatorio, la violencia contra los trabajadores, los trabajadores migrantes y la discriminación, así como las aclaraciones de los términos “salario mínimo” y “libertad de asociación” en las notas al texto.
Otros observadores señalan que el gobierno mexicano ya ha hecho algunos progresos para mejorar su legislación laboral, como sería requerido por el T-MEC, y que el nuevo presidente de México ha expresado su apoyo para mejorar las condiciones laborales.
Los negociadores estadounidenses afirman que, en su conjunto, el capítulo laboral del T-MEC establece mecanismos que obligarían a todas las partes a proteger los derechos laborales, a fin de garantizar que ninguna de las partes pueda obtener una posición competitiva al ignorar esos derechos.
Algunos analistas sostienen que las disposiciones podrían tener un impacto positivo en las condiciones laborales en México y en los salarios de México y Estados Unidos a largo plazo.
Si bien los grupos laborales generalmente consideran que el capítulo laboral del T-MEC es una mejora frente a la carta paralela acordada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirman que el impacto de estas disposiciones dependerá en gran medida de la disposición de las partes para cumplir de manera proactiva estas obligaciones.
La USITC trató de estimar los efectos asociados con la provisión de la negociación colectiva del T-MEC. Lo hizo modelando econométricamente cómo los cambios en los salarios mexicanos podrían modificarse dados los cambios asociados con la legislación del nuevo acuerdo comercial.
De esa forma, la comisión estima que la legislación de negociación colectiva probablemente aumentará las tasas de sindicalización y los salarios en México y también incrementará la producción mexicana. Esto, a su vez, se espera que aumente la producción y el empleo en Estados Unidos. También daría como resultado un pequeño aumento (0.27%) en los salarios reales de Estados Unidos.
El anexo 23 del T-MEC plantea, entre otras cosas, prohibir la injerencia de los empleadores en los sindicatos, prever elecciones sindicales gratuitas que se produzcan mediante una votación secreta y exigir que la mayoría de los trabajadores cubiertos apruebe las revisiones de los acuerdos de negociación colectiva. Además, el anexo 23 estipula que el hecho de que México no haya promulgado dicha legislación a principios del 2019 podría impedir la entrada en vigor del T-MEC.
Reglas del outsourcing deben mejorar: IP
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, defendió que el mecanismo de outsourcing en la contratación de trabajadores en México se debe reformar mas no desaparecer.
Tras una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Economía en San Lázaro este martes, el presidente del órgano empresarial indicó que la figura de outsourcing es común en todo el mundo.
“Creo que fue un gran avance cuando se hizo (autorizar la operación del outsourcing), sin lugar a dudas debe ser regulada indudablemente y evitar que eso se convierta en una forma en la cual el trabajador pierda sus derechos, nosotros jamás estaremos de acuerdo con eso”, apuntó.
En entrevista con medios, Salazar Lomelín afirmó que no en todas las empresas la utilización del outsourcing ha sido una manera de precarización de las condiciones laborales de los trabajadores.
“Yo creo que a veces hay que resolver el efecto que estamos teniendo, pero el eliminar la posibilidad no abona a una mejor forma a poder tener más empleos, más trabajo, más capacidad, para que la gente se pueda desarrollar: entonces sí, de acuerdo con que se regule, con que se estructure adecuadamente pero que no se elimine”, dijo.
Salazar Lomelín indicó que entre lo que se pueda reformar en materia de outsourcing está principalmente que los derechos de los trabajadores no se pierdan.
“Que sus derechos de antigüedad sean reconocidos y que de alguna manera al trabajador se le pague claramente el tiempo que está dedicando; todo esto ya está regulado en otras sociedades, por lo que no estamos inventando nada”, detalló.
Con información de El Economista.
