Los cambios a la Ley Federal del Trabajo obligarán a todos los sindicatos a revisar sus prácticas y políticas internas, advirtió la STPS.
La reforma laboral obligará tanto a los dirigentes sindicales de viejo cuño como a los nuevos cuadros a trabajar bajo la consigna de renovarse o morir, sostuvo Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo.
Líderes sindicales, dijo, “nos han dicho a las autoridades laborales que están preparados para hacer frente la Cuarta Transformación y a los nuevos cambios que implica la nueva legislación del Artículo 123 constitucional”.
Incluso, expuso, algunos ya están haciendo emplazamientos para que el patrón revise el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de manera puntual y realizando elecciones a través del voto personal y secreto para ratificar o cambiar a sus representantes, y la mayoría de ellos cuenta con el respaldo de sus bases.
Domínguez Marrufo consideró que aquellos líderes que no entiendan el cambio en el mundo del trabajo serán desplazados por liderazgos más auténticos y legítimos, pero serán los trabajares qu’ienes lo decidan, no el patrón, ni el gobierno, ni un partido, ni otras fuerzas externas.
Traslado de conflictos
“Uno de los tres grandes cambios, de los fundamentales de esta nueva legislación, tiene qué ver con la transición de la justicia laboral, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje”. Ahora, dijo, se trasladará toda la resolución de los conflictos, individuales y colectivos, a tribunales de pleno derecho.
Los Tribunales Laborales van a pertenecer al Poder Judicial de la Federación o los Poderes Judiciales de los estados, dándoles una característica de autonomía e independencia.
Así se garantizará que los conflictos estén alejados de criterios políticos y habrá procedimientos ágiles y expeditos; estos juicios que tardan hasta cuatro o cinco años “ahora serán procedimientos que van a estar terminados en un promedio de seis meses”.
El segundo cambio fundamental es que se establece una garantía para que los dirigentes sindicales, los conflictos intersindicales, sean decididos mediante el voto personal, libre y secreto de los trabajadores, “y que podamos nosotros aspirar a que la democracia llegue a los sindicatos, que es un tema pendiente desde hace mucho tiempo”.
El tercero aspecto tiene qué ver con la posibilidad de que ahora tanto los CCT como las revisiones a los mismos puedan ser aprobados por la mayoría de los trabajadores.
Por lo tanto, enfatizó, se trata de terminar con uno de los problemas más importantes en el ámbito de la negociación colectiva en México que son los contratos de protección.
Lo que pretendemos establecer con esta reforma es que precisamente ahora los trabajadores sean quienes aprueben lo pactado y revisado en un CCT para garantizar una negociación colectiva auténtica, y nunca más acuerdos firmados a espaldas de los trabajadores.
Otro gran cambio de la reforma laboral tiene qué ver con la creación de un órgano autónomo para la conciliación, el registro de sindicatos y de los CCT.
Será un organismo público federal con patrimonio y personalidad jurídica propios, con autonomía de gestión, decisión y presupuestaria, a cargo de otorgar los registros sindicales, hacer las actualizaciones de las directivas sindicales, incluso de los propios registros de reglamentos interiores de trabajo.
Todos los contratos que existen y su revisión se tendrán que registrar y depositar ante este centro, que garantiza también la autonomía e independencia en su actuación.
“El que exista un organismo independiente va a cambiar de tajo esta intervención indebida que se tenía por parte de las autoridades del trabajo en lo federal, que se ha venido manejando durante mucho tiempo y también en los estados”, subrayó.
Resolver el rezago, el reto
Al preguntarle si es posible resolver el rezago de casi un millón de expedientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, respondió: “Desde luego que se tiene que poder”.
Explicó que uno de los transitorios de la reforma laboral tiene qué ver con que obliga a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a presentar un programa de atención a sus asuntos y abatimiento del rezago, en cada uno de los organismos jurisdiccionales.
Deberán presentarlo ante el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma laboral que estará vigilante y conduciendo todo el proceso de implementación.
Cuando se instalen los Tribunales Laborales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federal, “van a cerrar sus puerta de entrada de expedientes de nuevas demandas laborales, pero van a continuar desahogando y resolviendo todos y cada uno de los juicios que tengan a su cargo”.
Así deberán resolverlos y ejecutarlos para que puedan abatir todo el rezago; coexistirán con los Tribunales Laborales, que a su vez aumentarán su carga de trabajo en la medida en que lleguen más casos y, por otro lado, las Juntas disminuirán sus cargas.
Los nuevos juicios se regirán por las disposiciones y reglas de la nueva ley reformada, mientras las Juntas continuarán la resolución de sus expedientes “bajo el amparo de las disposiciones que estaban vigentes antes del 1 de mayo”.
Sobre su faltó algo a la reforma laboral, opinó: “Desde mi punto de vista, creo que para lo que estaba diseñada y el objeto de la reforma no le faltó absolutamente nada, pero no es una reforma perfecta“.
Evidentemente, expresó, todas las leyes son perfectibles y en ese sentido el Congreso de la Unión se ha comprometido abrir discusiones y foros con todos los sectores involucrados para abodar el outsourcing, ahondar en el caso de las trabajadoras del hogar y afinar lo que se refiere a trabajos especiales.
“Quizá todavía, a lo mejor, faltan algunas cosas. Sin embargo esta reforma tenía que ver con un mandato muy puntual el cual consideramos nosotros se ha cumplido en lo general”, añadió.
*Con información de Factor Capital Humano
