El mobbing o acoso laboral es una realidad en el mercado laboral mexicano. Gloria Careaga Pérez, directora del Programa de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recordó que el 80% de los trabajadores ha presenciado un acto de acoso laboral contra un compañero y el 74% asegura que esta conducta es ejercida principalmente por los jefes.
“Las personas que enfrentan esta condición son sometidas a conductas físicas o verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosadoras durante mucho tiempo y de manera continua”, detalló Careaga durante su participación en la mesa Discriminación y Acoso Laboral del Parlamento Abierto en materia laboral que se realiza en el Senado.
Sin embargo, el también denominado bullying laboral tiene facturas altas no sólo para las empresas, sino para el país. La especialista pidió reflexionar sobre las 18,000 personas que renunciaron en 2017 a su trabajo por ser víctimas de mobbing.
Pero el acoso laboral no es el único problema que enfrenta el mercado laboral mexicano. La discriminación de grupos minoritarios en el trabajo es común. Alexandra Haas Paciuc, presidenta de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), enfatizó que un espacio de trabajo que tolera la discriminación crea un ambiente propicio para el acoso laboral y sexual.
“Si en un entorno de trabajo se permite a que las mujeres se las despida por estar embarazadas, que las personas indígenas tengan menos probabilidades de ser contratadas por su origen étnico o si se restringen los ascensos a las personas LGBT por su orientación sexual o por su identidad de género, se está mandando el mensaje que esas personas no merecen el mismo trato ni las mismas oportunidades que las demás y se justifica tomar medidas, además, para recordárselos”, ejemplificó.
Hass Paciuc explicó que el acoso laboral y sexual son formas de “reforzar las relaciones asimétricas de poder, mismas que reproducen la desigualdad estructural”.
Para prevenir el acoso no sólo se necesitan protocolos de atención a casos particulares, sino políticas integrales que combatan los ambientes laborales que lo propicia, enfatizó la presidenta del Conapred.
Autoridades también deben ayudar
“La ley de una manera extraña plantea que este es un tema del patrón y el sindicato y aleja totalmente a la intervención de la autoridad”, esa es la opinión de Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sobre la responsabilidad de los centros de trabajo en el combate de la discriminación y el acoso laboral.
“¿Y dónde queda el Estado, cuál es la vigilancia del mismo?”, cuestionó Fuentes Muñiz. El académico considera que las autoridades deben involucrarse más en la prevención del mobbing y la discriminación en el trabajo.
“Si pudiera haber por cada 10 empresas un inspector especializado en este tipo de aspectos sería algo muy importante. Si en la ley se establece la obligación de que la autoridad cuente con un número determinado de inspectores, pero con diversas especialidades, esto evitaría que de manera unilateral viniera la tijera del presupuesto y cortara inspectores”, detalló.
El especialista reflexionó sobre los daños de estos malos actos en el entorno laboral, pues afectan la salud emocional de los trabajadores y estos, a su vez, provocan “enfermedades profesionales que no son reconocidas”.
