El Estado no debe intervenir en la vida interna de las instituciones sindicales pues esto representa un atentado contra los principios fundamentales de autonomía y libertad
Algunas de las reformas, recientemente aprobadas, a la Ley Federal del Trabajo no tienen sustento jurídico o contravienen al mismo ordenamiento y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advirtió el representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ángel Celorio.
Durante el Parlamento en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del hogar advirtió que la central obrera replanteará las reservas que en su momento presentó ante el Congreso desde antes de votarse la reforma.
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Por su parte, el senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, reiteró que los legisladores tienen el compromiso de escuchar las voces de todos los sectores de la sociedad para definir el rumbo de las futuras reformas legales.
Aseguró que es fundamental ese contraste de puntos de vista, pero el Congreso mantendrá el tono progresivo para ampliar los derechos de la clase trabajadora, lo cual hasta ha tenido un impacto positivo al interior y exterior del Senado.
Reconoció que el Congreso tiene pendientes algunas reformas legales tan importantes como la subcontratación, (outsoursing), que no se ha abordado y ya se debe resolver.
Por su parte, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, resaltó la idea de este ejercicio para confrontar ideas, donde el objetivo fundamental es conocer las coincidencias y tratar que estas se traduzcan en una iniciativa que perfeccione nuestro andamiaje jurídico.
El senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y moderador de la mesa de trabajo, dijo que aunque se acaba de reformar la Ley Laboral, aún queda mucho por hacer, especialmente en materia de libertad sindical. Subrayó que el Estado no debe intervenir en la vida interna de las instituciones sindicales pues esto representa un atentado contra los principios fundamentales de autonomía y libertad.
