Las normas laborales ya sean locales o internacionales tienen como finalidad poner reglas al mercado laboral que garanticen que los trabajadores tengan derechos, pero en el caso de quienes salen de su país para laborar solo instrumentos no vinculantes al respecto.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con tres instrumentos que buscan proteger a los trabajadores migrantes de discriminación y regular este fenómeno del trabajo para prevenir situaciones de trabajo forzoso y trata de personas; la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los convenios 94 y 143.
Sin embargo, los gobiernos como tal no cuentan con normas específicas para estas personas, como sí las hay para refugiados, lo que los pone en un contexto de vulnerabilidad.
El especialista en migración laboral de la Organización, Francesco Carella, detalló que para 2017 había un aproximado de 164 millones de trabajadores migrantes en el mundo, es decir el 60% de los migrantes en el mundo
"Ellos tienen un impacto en los mercados laborales de los Países de destino y en los de tránsito algunas veces" destacó el especialista.
Además, se desempeñan en sectores de la economía que son "prácticamente difíciles de garantizar los derechos laborales" lo que los vuelve más vulnerables a abusos como trabajo forzoso y trata de personas.
De acuerdo con datos de la OIT, 23% de las víctimas de trabajo forzoso son migrantes.
Pero hay otros riesgos a los que están expuestos quienes deciden laborar en otro país como:
- Fraudes sobre ofertas de trabajo inexistentes
- Retención de documentos de identidad por parte del empleador
- Servidumbre por deudas relacionadas con costos del reclutamiento
- Precarización del sector
- Información inexacta sobre la naturaleza y condiciones de trabajo
- Deducciones ilegales del salario, cobro de cuotas y otros costos ocultos
- Amenazas en caso de dejar el trabajo
- Desconocimiento de los mecanismos de protección
