El cambio en el modelo de justicia laboral que operará en el 2020 será en los 10 estados del país que reportaron la menor conflictividad laboral —según su número de juicios—, luego del análisis que realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) junto con el Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral y las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entidad que otorgará los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de la nueva Ley Federal del Trabajo.
Así lo aseguró Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario de Trabajo y Previsión Social en entrevista con El Economista, quien explicó que la dependencia está cumpliendo en tiempo y forma con la implementación de la reforma laboral, y se espera que en el último trimestre del 2020 inicie un nuevo modelo de justicia laboral con los primeros tribunales a cargo del Poder Judicial.
“Hidalgo, Guanajuato y el Estado de México son los que más han avanzado en el cambio en su legislación, así como en el presupuesto que se va a requerir para que entren en operación los nuevos centros de conciliación”, añadió.
De acuerdo con la planeación hecha por la autoridad, se tiene previsto que en octubre del 2020 inicien la primera etapa en el cambio en la justicia laboral 10 entidades; en octubre del 2021 será un total de 11, y en mayo del 2022 las 11 entidades del país restantes.
En ese sentido, dijo que los criterios que consideraron fue como primer punto conocer el “rezago histórico” en el número de expedientes que tiene cada entidad; porque a partir de ello será más sencillo transitar al nuevo sistema, ya que “no requerirán de mucho presupuesto, ni de infraestructura, y se podrían instalar de manera más sencilla los centros de conciliación y los tribunales, justo porque hay una baja conflictividad laboral. Además, tomamos en cuenta los estados que más han avanzado en los cambios constitucionales de la Ley Federal del Trabajo, donde se establecieron las nuevas reglas”.
Domínguez Marrufo comentó que, dado que una de las preocupaciones en la implementación de la reforma laboral es el tema presupuestal, el representante de la Secretaría de Hacienda, quien participó en la segunda sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral, aseguró que se tendrán los recursos necesarios para aplicarlos en la creación de los centros de conciliación laboral.
El subsecretario también se refirió a los trabajos en coordinación que realizan con otras entidades de gobierno, tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con quien recientemente firmaron un convenio de colaboración para otorgar los resultados de las inspecciones laborales en las que se puede detectar el mal uso.
Lupa en subcontratación
Domínguez Marrufo sostuvo que parte de los objetivos de la dependencia, desde el inicio de la administración, es el combate de la subcontratación ilegal, de ahí que se haya firmado un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera; se trata de otorgar información, “no de una cacería de líderes sindicatos”.
“La STPS no va por nadie, se trata de otorgar información que tenga que ver con el combate a la subcontratación. En todo caso que la autoridad de la UIF pueda detectar si existen complicidades con organizaciones sindicales que se prestan para que sus trabajadores entren en esquemas de subregistro, es decir, cotizar con un salario más bajo ante el IMSS, cuando en realidad ganan más”, señaló.
Con dicha información, dijo, la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que valorar con respecto a las operaciones y, si se consideran sospechosas por parte tanto de empresas como de algunos sindicatos, entonces actuará”, añadió.
Nueva era
La reforma en materia de justicia laboral de este año prevé que en el 2022 se haya completado la creación de juzgados especializados en materia laboral. Ésta es la agenda de transición:
- Primera etapa (octubre del 2020): Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas
- Segunda etapa (octubre del 2021): Aguascalientes, Baja California, Durango, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa
- Tercera etapa (mayo del 2022): Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco , Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz
*Con información de El Economista
