Actualmente en la junta de Ciudad de México se soluciona bajo esta vía 35% de las disputas entre trabajadores y patrones, informó su presidenta
Para que el nuevo modelo de justicia laboral que se creó con la reforma del 1 de mayo sea efectivo, al menos 50% de las disputas entre trabajadores y patrones deberá resolverse por conciliación, advirtió Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCA CDMX).
“Uno de los grandes retos y la apuesta que se tiene sobre esta reforma tiene que ver precisamente con el tema de la conciliación, de qué porcentaje debemos partir. El gran reto es incrementar el número de asuntos que se resuelven bajo esta vía.
“Actualmente en Ciudad de México, en la Junta se soluciona bajo esta vía que es la conciliación 35% de los asuntos. Sin embargo, a nivel internacional tenemos estándares que van desde 30 hasta 50% como máximo. Por lo menos deberíamos estar aspirando a que 50% de los asuntos sean solucionados bajo este mecanismo”, explicó durante su participación el simposio Retos y Perspectivas del Mundo Laboral, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México.
Pero para lograr esta cifra se necesitan dos elementos más, expuso la especialista. Por un lado, tener el número suficiente de conciliadores para atender una cantidad promedio de 36,000 asuntos por año y, por otro, realizar una buena selección y capacitación del personal conciliador. Darlene Rojas consideró que el perfil de estos funcionarios será un híbrido entre derecho y psicología.
“Necesitamos procesos, primero transparentes, y que al final logren incursionar a la mayor parte de los conciliadores que tengan la habilidad, no solamente la preparación académica. Casi es combinar la licenciatura de Derecho con la de Psicología, porque es importante que la persona que esté en ese espacio tenga la habilidad de dar la lectura de las personas que se van a acercar al centro de conciliación”, explicó.
Es decir, los nuevos conciliadores deberán mezclar la habilidad emocional y la jurídica, porque en primera instancia se tendrán que hacer a un lado los aspectos personales para entrar de lleno en el análisis de la posible violación de derechos laborales. Con base en ello, se realizará la propuesta para que ambas partes puedan conciliar el conflicto.
“Si logramos tener ese personal calificado y con esa habilidad, seguramente podemos estar hablando de 50% de los asuntos que se queden en los centros de conciliación, que se puedan resolver bajo este mecanismo y, posteriormente, sólo la mitad de los asuntos pasará a presentar su demanda dentro de los poderes judiciales”, agregó Darlene Rojas.
En ese sentido, María Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), opinó que en México aún no se ha enfatizado la diferencia entre conciliar y mediar. Además, el nuevo modelo de justicia laboral será efectivo en la medida en que las empresas y los trabajadores sean responsables.
“Creo que no hemos llegado a distinguir con la nitidez que se requiere qué cosa es conciliación y qué cosa es mediación. Necesitamos tener la psicología del trabajo, necesitamos saber cómo operamos, pero otra cosa, la educación. Mientras no tengamos una consciencia de la responsabilidad, por un lado, desde el ámbito empresarial y desde el lado del trabajador, no puede ser que tengamos el éxito deseado”, puntualizó.
Patricia Kurczyn consideró que una de las fallas del sistema actual es la falta de ética tanto en patrones como en trabajadores.
Implementación de reforma
STPS busca terminar con rezago de juicios
A seis meses de la entrada en vigor de la reforma laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene como avance un plan para terminar con el rezago de juicios de las juntas de conciliación en el país y las 66 juntas especiales; 10 estados que arrancarán con la creación de los tribunales laborales; 27 consejos interinstitucionales en los estados; 800 sindicatos con solicitud de legitimación de contrato, y seis que ya fueron avalados.
No obstante, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján, dijo que “necesitamos del apoyo de todos. Conviene que las empresas conozcan bien lo que implica la reforma, así como sus retos”.
Si bien con el actual sistema de justicia laboral los juicios tardan más de cinco años, con el nuevo sistema se pretende que el tiempo sea de seis meses; “de lo contrario se caería en demora, y para ello se tendrá que aplicar toda la tecnología y terminar con el problema de notificaciones, que son las que retrasan en gran medida los procesos”, afirmó por su parte Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario de Trabajo y Previsión Social.
*Con información de El Economista
