El presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de International Chamber Of Commerce, Ricardo Ramírez, afirmó que más que preocuparse o escandalizarse por los inspectores laborales en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), “el país debe cumplir con la Ley Laboral”.
Al participar como panelista durante una sesión extraordinaria realizada por la International Chamber of Commerce México (ICC México), relató que las modificaciones aplicadas al T-MEC “pueden ser una oportunidad, primero, para aplicar las leyes laborales y, segundo, porque así como Estados Unidos puede aplicar un reclamo, México tiene el mismo derecho”.
Ramírez, quien también es socio consultor de RRH México, detalló que “el tema de los inspectores laborales lo tenemos muy trabajado en materia de comercio. Hoy ya hay inspectores de Estados Unidos viviendo en México, vigilando que lo que se exporta en materia agrícola a Estados Unidos cumpla con las reglas de origen, de antidoping, de sanidad y fitosanitarias”.
Opinó que “el problema es más el estándar. Ahora estamos obligados a cumplir las normas, pero el estándar laboral es muy alto y facilita el inicio de casos (reclamos) laborales y lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, y cumplir con la Ley laboral porque esto es inmediato”.
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Detalló que la reforma laboral es suficiente para cumplir con los requerimientos del tratado comercial de Norteamérica.
Incluso, señaló, existe un anexo dentro del acuerdo que habla de que Estados Unidos considera que la ley laboral mexicana es suficiente para cumplir con el T-MEC; “ese no es el problema, el tema es que se aplique y se aplique de manera efectiva”, insistió.
Sobre los posibles riesgos ante un caso de controversia, Ramírez dijo que “se tiene un mecanismo laboral de respuesta inmediata, y este mecanismo lo que dice es que si Estados Unidos considera que si una empresa mexicana no está cumpliendo con las leyes laborales o en materia de libertad sindical, entonces iniciará un mecanismo de respuesta para sancionar a esa empresa”.
Ahora, apuntó, una preocupación de los empresarios es que este sistema pudiere interpretarse como un inhibidor de comercio y que permita a empresas de ese país, solo por “malora”, iniciarles casos.
Sin embargo, “el Tratado también dispone que si este mecanismo de respuesta rápida se usa de mala fe, entonces el país podría dejar de aplicar este mecanismo por dos años; sí hay un candado en el Tratado y si abusas de ese tratado habrá una sanción”.
Es decir, aseguró, el mecanismo debe ser invocado de buena fe, “y si una empresa mexicana reclama a otra empresa, el gobierno de Estados Unidos tiene que verificar que sea un reclamo legítimo para iniciar una controversia, de lo contrario no podrá iniciarlo”.
Concluyó que las empresas no están indefensas en la materia y ahora lo que se debe hacer “es cumplir con la ley, el Estado de derecho. La oportunidad incluso es que México también puede inspeccionar a Estados Unidos y verificar si su ley cumple con los paisanos mexicanos”.
