De acuerdo con datos del Inegi, en México hay 16.7 millones de asalariados sin acceso a sistemas públicos de salud
En plena fase 2 por el contagio de coronavirus (Covid-19) en México, no todos los trabajadores tienen garantizado el acceso a la salud, al menos esta prestación no es parte de la realidad de 16.7 millones de asalariados en el país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 44% de los trabajadores no tiene acceso a una institución de salud. Eso significa que 4 de cada 10 subordinados y remunerados no cuenta con esta prestación, a pesar de que la legislación laboral la establece como obligatoria.
En 10 años, se sumaron 2.7 millones de trabajadores a esta condición, que es un sinónimo de precarización de empleo y contrario a lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) califica como trabajo decente.
Especialistas coinciden en que el coronavirus, además de desafiar la economía y el sistema de salud, también ha llegado a recordarnos como país la importancia de la seguridad social y la desprotección en la que se encuentran algunos trabajadores.
“Los compromisos suscritos ante la Organización Internacional del Trabajo y los derechos plasmados tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, al final del día lo que buscan es justamente prever que, ante cualquier contingencia, el trabajador y su familia tengan acceso a garantías mínimas de preservación de la salud. En este sentido, el coronavirus lo que nos muestra es esta tarea de pendiente en la precarización laboral” dice en entrevista José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
Según el Inegi, nuestro país lleva 3 años estancado en la proporción de trabajadores subordinados y remunerados sin acceso a instituciones de salud. Entre el 2012 y el 2013 se logró una reducción de este número, pero el incremento regresó a partir del 2014.
Sin embargo, el director general del IDIC opina que la falta de acceso a servicios de salud no es sólo un problema para los trabajadores que no tienen esta prestación, sino para sus familias que también se encuentras desprotegidas.
Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), considera que el Covid-19 nos recuerda como país que la seguridad social es obligatoria para cualquier trabajador.
“Ha habido un tema de descuido, de desapego a estar otorgando prestaciones elementales a quienes laboran”, puntualiza el abogado laborista.
Informalidad, la principal causa
Los especialistas consultados coinciden en que la informalidad es una de las causas por las cuales México tiene un número tan alto de trabajadores sin acceso a instituciones de salud, pues se trata de empleos que no tienen prestaciones de ley.
José Luis de la Cruz afirma que tener 44% de trabajadores sin acceso a la salud, es una consecuencia de permitir que la informalidad se extendiera “como algo de la vida diaria” en el mercado de trabajo.
“Lo que muestra es la incapacidad de un marco legal que lo tiene escrito. Es decir, se conoce la relevancia, se ha normado su aplicación, pero no se cumple. Yo creo que lo que muestra es la incapacidad de las instituciones, de un sistema económico que, ante un mal desempeño de crecimiento, acaba pesando más la inercia de no cumplir con las leyes”, expone el director general del IDIC.
De la Cruz opina que se ha privilegiado el crecimiento económico por encima del trabajo decente, pues para no perder productividad, se ha permitido que se genere autoempleo y trabajo informal en micronegocios que también son informales, donde se carece de prestaciones.
“La mayor proporción de trabajadores sin acceso a la seguridad social es de gente que está autoempleada o en micronegocios. Si bien es una válvula de escape ante no crecer, genera un saldo social que el coronavirus no está recordando”, agrega.
En el mismo sentido opina Manuel Fuentes. Para el abogado laborista, la informalidad es uno de los factores que más ha contribuido a tener un número importante de trabajadores sin seguridad social.
“Al no contar con medidas de protección, estar obligados a laborar porque de ello depende su subsistencia, al no tener un seguro de desempleo y de más, obviamente son los más expuestos ante esta pandemia. Finalmente son los que están buscando la manera de estar manteniendo sus ingresos que, se dan precisamente por este tipo de actividad que se llama no regular y que los deja en una situación desventajosa”, explica el profesor investigador de la UAM.
En México, opina, no se han presentado mecanismos suficientes para que los trabajadores informales puedan tener acceso a instituciones de salud.
Pero la informalidad no es el único factor que influye en la desprotección de los trabajadores ante la situación sanitaria que enfrenta México por el coronavirus, Fuentes Muñiz considera que también hay centros de trabajo formales que han precarizado el empleo al no proporcionar prestaciones de Ley como la seguridad social.
“Habrá que señalar que existen centros de trabajo aparentemente formales que tienen a sus trabajadores en una situación de informalidad, muchos de ellos no cuentan con seguridad social, algunos de ellos están contratados por honorarios, algunos de ellos por medio de contratos mercantiles y están sujetos a horarios de trabajo, a estar laboran en oficinas o centros de trabajo de carácter industrial y aparentemente son trabajos formales, pero en los hechos no tiene la manera de cómo protegerse”, destaca el abogado.
Empleo precario, más expuesto
Si un trabajador es independiente ¿quién paga su licencia por enfermedad? Si trabaja en una tienda sin un contrato y la tienda cierra, ¿es mala suerte? Cuestiona Janine Berg.
La economista principal de la OIT, asegura que a la par de que han aumentado las modalidades de empleo atípicas en el mundo, también lo ha hecho el número de trabajadores sin protecciones esenciales.
En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo ha emitido normas y recomendaciones para los países para revertir esta situación. Por ejemplo, el Convenio sobre trabajo a medio tiempo establece que “los regímenes de seguridad social… deberán adaptarse para que los trabajadores a tiempo parcial gocen de condiciones equivalentes a las de los trabajadores a tiempo completo en situación comparable”.
En tanto, la Recomendación sobre los pisos de protección social indica que los países deberían garantizar al menos un nivel mínimo de seguridad social para todos y garantizar progresivamente niveles más elevados de seguridad social para el mayor número de personas posible, lo más pronto posible.
“En vista de la crisis provocada por el Covid-19, este es un buen momento para escuchar este consejo y reestructurar y reconstruir los sistemas que hemos instaurado. Es evidente que todos los trabajadores —independientemente de su modalidad de empleo— necesitan tener acceso a la atención médica, permanecer en casa cuando no se sienten bien para no acudir al trabajo enfermos, y contar con un complemento de ingresos en caso de una reducción de las horas de trabajo o de una pérdida de empleo”, expresa Janine Berg.
Con información de Factor Capital Humano.
