Estados Unidos dispone de una partida presupuestal de 240 millones de dólares para vigilar y aplicar el Capítulo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entrará en vigor el próximo 1 de julio.
El Congreso estadounidense aprobó proporcionar un mayor financiamiento para monitorear y hacer cumplir el T-MEC, así como también proporcionó importantes recursos de desarrollo de capacidades para apoyar la reforma laboral de México.
La partida de los 240 millones de dólares se ejercerá durante cuatro años e incluye 30 millones para la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), con el fin de supervisar y hacer cumplir las obligaciones laborales en el T-MEC.
Otros 30 millones de dólares se destinaron al Departamento del Trabajo (DOL, por su sigla en inglés), igualmente para monitorear y hacer cumplir el T-MEC, incluida la financiación de cinco puestos de agregados laborales en México.
Por último, los restantes 180 millones de dólares se destinarán a la creación de capacidad para subvenciones emitidas por el DOL con el propósito de apoyar la implementación de la reforma laboral de México, lo que contribuirá en gran medida a garantizar el potencial de esa reforma.
Al menos 100 millones de dólares de esta última subpartida apoyarían proyectos de creación de capacidad en México diseñados para capacitar a los trabajadores a que puedan realizar sus derechos de negociación colectiva y de libertad sindical en el lugar de trabajo.
En general, los congresistas estadounidenses aprobaron estos fondos impulsados por la idea central de que las obligaciones en los acuerdos comerciales son valiosas solo si se monitorean y aplican activamente.
Desde la perspectiva del gobierno y de la mayoría de los legisladores de Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se basó en el reconocimiento de que el acuerdo original no logró aumentar los salarios y las condiciones de trabajo en México, perjudicando a los trabajadores estadounidenses, especialmente en el sector de fabricación industrial.
El TLCAN no incorpora formalmente disposiciones laborales. Aborda los compromisos laborales a través del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (NAALC, por su sigla en inglés), un acuerdo cooperativo separado.
A pesar del hecho de que los hallazgos de incumplimiento se han realizado de conformidad con los mecanismos del NAALC, nunca se han autorizado sanciones como resultado de esos casos, según esa misma perspectiva.
Firmado en noviembre de 2018, el T-MEC incorporó compromisos laborales en el propio Acuerdo y los sometió al mecanismo de solución de controversias entre estados.
En el acuerdo entre los legisladores y la USTR del 10 de diciembre de 2019, los demócratas obtuvieron mejoras en las siguientes áreas: fortalecimiento de las reglas; nuevos mecanismos y recursos para garantizar que el gobierno de Estados Unidos supervise efectivamente el cumplimiento de las obligaciones laborales del T-MEC específicas para México; y un nuevo y mejorado mecanismo de aplicación laboral específico.
Compromiso
En octubre del año pasado, para agilizar la aprobación en EU de los últimos cambios al T-MEC, el gobierno mexicano ofreció un presupuesto de 70 millones de dólares para la creación de nuevas instituciones en materia de justicia laboral en el 2020 y destinar otros 830 millones para el resto del sexenio. El presupuesto de este año se repartiría así:
- 9.1 millones para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
- 18.7 millones de dólares para la creación de tribunales especializados.
- 17.9 millones para Centros de Conciliación Locales.
- 13.5 millones para tribunales especializados locales.
- 9.9 millones para programas de capacitación, difusión y verificación de la STPS.
Con información de El Economista.
