Desde inicios de la pandemia de Covid-19 las trabajadoras del hogar organizadas advertían sobre lo vulnerable de su ocupación ante la crisis económica. Las cifras oficiales de ocupación muestran que mientras en marzo más de 2.4 millones laboraban en este sector, para julio ya sólo 1.6 millones lo hacían. Es la cifra más baja de los últimos 15 años.
El paro laboral por el nuevo Coronavirus provocó que 30% de las empleadas del hogar dejaran de trabajar, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para julio. Es decir, entre el tercer y el séptimo mes del año más de 732,000 personas se vieron afectadas en su trabajo por las medidas de confinamiento.
“Muchas han sido despedidas, otras han sido enviadas a descansar sin su salario”, explica en entrevista Mary Goldsmith, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). A otras más les han reducido el salario o “les han impuesto una jornada más larga, pues no pueden salir de la casa” y se quedan en ella trabajando más tiempo, agrega.
Antes de la pandemia, en febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaba más de 2 millones 483,000 trabajadoras del hogar. A partir de ese mes, con excepción de junio, el empleo doméstico remunerado ha ido a la baja. Para marzo ese organismo informó que habían más de 2 millones 410,000 personas en esta ocupación.
En abril la cifra se redujo a poco más de 2 millones 409,000 y ya para mayo eran más de 2 millones 393,000. Para junio, el Inegi reporta una cantidad “inusual”, según lo considera la investigadora Marta Cebollada Gay, pues en ese mes había más 2 millones 852,000 personas en este sector. Sin embargo, en julio la cifra descendió hasta 1 millón 678,477 empleadas y empleados.
“La variación a julio respecto a junio es la más grande en la serie mensual”, confirmó a este medio la Dirección General de Comunicación Social del Inegi. “Pero se debe tomar con reserva”, reconoce. Debido a que las encuestas no pudieron realizarse con el mismo método que antes, “las estimaciones de abril, mayo y junio tienen un mayor margen de error desde el punto de vista estadístico”, apunta.
La comparación de marzo con julio tiene mucha más validez y coherencia, señala Mary Goldsmith, quien ha dedicado gran parte de su investigación académica al trabajo del hogar remunerado en México y América Latina.
La cifra de trabajadoras del hogar de julio pasado no había sido tan baja desde el primer trimestre del 2005, cuando la ENOE comenzó a aplicarse y se tuvieron los primeros datos de este sector de la economía. En se periodo el Inegi reportó 1 millón 662, 813 trabajadoras.
“Ser trabajadora del hogar duplica la probabilidad de ser informal”, señaló la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón.
En un foro virtual convocado por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), con motivo de su 20 aniversario, la funcionaria indicó que la tasa de informalidad para estas mujeres es de 99% comparado con la de trabajadoras de otros sectores.
Recordó que 9 de cada 10 personas que se dedican a esta labor son mujeres. Además, 90% no cuenta con un contrato escrito. Esto las deja en una mayor vulnerabilidad. “Muchas han sido despedidas sin ser indemnizadas.”, apunta Mary Goldsmith.
Mientras el número de trabajadoras del hogar en paro forzado ha crecido, también el de las afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aunque sigue siendo un porcentaje mínimo, destaca la investigadora.
En marzo, había 21,528 inscritas en el programa piloto, para agosto eran 25,369. En cuatro meses 3,841 fueron inscritas al IMSS, pero más de 732,000 dejaron de trabajar.
Si tomamos en cuenta que la población de mujeres que se dedica a esta actividad es de más de 2.4 millones, apenas 1% tiene seguridad social. En 15 días, al iniciar octubre, termina el programa piloto y IMSS tendrá que proponer una reforma legislativa para que la afiliación sea obligatoria.
A principios de septiembre, el instituto presentó una segunda fase de esta prueba, pero no ha entrado en vigor. Para Marta Cebollada, directora de del programa de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), esta nueva etapa tiene dos puntos positivos.
El primero, “que la responsabilidad de la afiliación recaiga en la parte empleadora. Y que ya no sea la trabajadora quien tenga que encargarse de ello”. El segundo, “que cada patrón pagará por los días y horas, basándose en salario día”.
No obstante, “sigue habiendo lagunas negras”. Por ejemplo, que aquéllas que no cubren el salario mínimo en un mes, incluso juntando lo que ganan en diferentes hogares, quedan fuera. “¿Y qué pasa si un patrón no paga la cuota?”.
Es un programa con un buen diseño, que se está perfilando bien, comenta la investigadora. Pero en su implementación sigue faltando algo fundamental como la difusión, para que más personas sepan de él. También es necesario acompañarlo de incentivos, como la desgravación fiscal o el apoyo para el pago de las cuotas patronales los primeros meses.
Luego, una vez que se haga obligatorio, poner en marcha inspecciones para verificar que las trabajadoras hayan sido inscritas. Para que una ley se cumpla debe tener al mes tres elementos, dice la académica. Esto son: buena comunicación, incentivos y fiscalización de la mano de una sanción.
*Con información de El Economista
