Los trabajadores del gobierno federal continuarán con el esquema de trabajo en casa (home office) y con horarios escalonados hasta el 4 de enero de 2021, a fin de reducir las transmisiones de COVID-19, informó la Secretaría de la Función Pública.
Lo anterior queda asentado en la publicación en el DOF del “acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19”.
“El personal de todo el gobierno federal, los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las unidades de Administración y Finanzas de la APF podrán autorizar a las personas servidoras públicas trabajar desde casa, en los casos que sea posible, sin alterar el debido cumplimiento de sus funciones”, destaca la dependencia.
Habrá trabajo presencial
En el documento se señala que las dependencias podrán organizar días de trabajo alternados y horarios escalonados; de igual forma, deberán hacer uso de herramientas tecnológicas para la realización de juntas de trabajo y capacitación, atendiendo las medidas sanitarias que emitió la Secretaría de Salud.
Por otra parte, se reitera que los servidores públicos mayores de 60 años, con discapacidad o con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de Salud y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, deben seguir realizando trabajo a distancia.
En el siguiente video podrás revisar ¿Quién es un trabajador vulnerable?:
Dependencias excluidas de la medida
Como en las otras ocasiones, quedan excluidas de estas medidas las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, el Servicio de Protección Federal y la Guardia Nacional, el Servicio Exterior Mexicano y los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Asimismo, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones que prestan o están relacionados con los servicios de salud, protección civil y los que realicen actividades esenciales.
Esta medida, que fue adoptada en un primer acuerdo emitido el 23 de marzo y ampliada por otro del 31 de julio.
