En 2019 la economía informal representó 23% del total de la economía, porcentaje que es el más alto en los últimos cinco años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Georgrafía (Inegi).
Lo anterior, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) se debe principalmente a la insuficiencia de estrategias favorables a la inversión productiva y con ello un mayor crecimiento económico, y que faciliten la generación de puestos de trabajo, formales y de calidad.
Detalló que en general el comportamiento de la informalidad responde al ritmo de crecimiento de la economía. No obstante, también es un hecho que permanece elevada aun en periodos de mayor crecimiento, lo cual refleja que el problema de la informalidad tiene un componente estructural más importante que el coyuntural.
"Esto subraya la relevancia de la inversión productiva y la necesidad de un entorno que le permita a las empresas tener una expectativa clara de crecimiento económico favorable para el mediano y largo plazo, con una percepción positiva del ambiente de negocios", destacó en un comunicado.
Para ello, explicó, es fundamental contar con un Estado de Derecho efectivo, es decir, “un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa, y con total apego a los derechos humanos”.
Agregó que otro factor que impulsa la informalidad es un marco regulatorio excesivo y en nuestro país, aún existe una cantidad importante de requisitos -sobre todo en los gobiernos subnacionales- para quienes desean participar activamente en la actividad productiva, restándole competitividad al país y atractivo para invertir.
A su vez, la informalidad es propiciada por la elevada carga que implican los costos de contratación, y que en mucho coadyuvan a determinar la posibilidad de mantenerse o integrarse a la formalidad y con ello ampliar o no las plantillas laborales. Incluso, en algunos casos pueden ser determinantes en la apertura de nuevas unidades productivas.
En ese sentido, apuntó que en México, los costos laborales no salariales, que están integrados por todas aquellas deducciones y contribuciones obligadas por ley para el beneficio de los trabajadores, representan poco más del 35% del sueldo de los trabajadores. Ahora bien, si también se incluyen otras prestaciones como aguinaldo, vacaciones, liquidaciones, el costo no salarial se podría elevar a poco más del 50%.
Asimismo, un sistema fiscal complejo y costoso estimula la evasión y la búsqueda de nichos en los que se evite la contribución al erario. Aunque se han logrado resultados importantes en materia de reducción de la evasión y elusión fiscal, todavía se perciben costos importantes.
"En un entorno de recuperación tras la pandemia, que podría detenerse ante el rebrote de una tercera ola de contagios, es clara la necesidad de fortalecer el ritmo de crecimiento de la economía con el objetivo de poder ampliar la actividad formal. Para ello, los esfuerzos deben concentrarse en un estado de derecho efectivo que contemple factores que promuevan y faciliten rápidamente la inversión a través de medidas como una mejora del entorno regulatorio y el establecimiento de reglas del juego claras. La confianza en un entorno de mejores expectativas es fundamental para invertir", señaló el organismo.
