La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló las principales obligaciones de sus Estados miembros para garantizarla
La estabilidad en el empleo es definida como del derecho de todo trabajador a permanecer en su trabajo y no ser despojado de este sin causa justificada, y en caso de no respetarse ese derecho, entonces a recibir el pago de una indemnización.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sentencia del caso Lagos del Campo vs Perú, del 31 de agosto de 2017, señaló las principales obligaciones de sus Estados miembros para garantizar la estabilidad en el empleo, a saber:
- adoptar medidas para la regulación y fiscalización para el acceso de este derecho
- protección de los trabajadores a través de sus órganos competentes contra el despido injustificado
- en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea a través de la reinstalación o el pago de una indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional)
- disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a esta situación, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela efectiva de tales derechos
No garantizarse lo anterior, acarrea afectaciones a los colaboradores en sus derechos laborales y de acceso a la seguridad social, tales como:
- perder su empleo
- imposibilidad de acceder a una pensión por jubilación
- dejar de ejercer sus derechos como representante de los trabajadores (puestos sindicales)
- discriminación por su edad para ser contratado (en caso de ser despedido después de muchos años en la compañía y por cumplir la edad para su jubilación)
- no ser reintegrado en su puesto laboral
Asimismo, se precisó que la estabilidad en el empleo:
- no significa una permanencia absoluta del trabajador en el puesto laboral, sino establecer medidas de protección para que en caso de ser separado de su trabajo, dicha decisión sea bajo una justificación suficiente para su despido, debiendo el empleador acreditar que existen razones válidas para concluir el vínculo laboral, y
- conlleva a que el subordinado pueda acudir a las instancias competentes para que estas verifiquen las causas expuestas y determinen si son suficientes o arbitrarias, y en su caso, se le reintegre a su puesto de trabajo, o se le pague una indemnización por la violación a ese derecho
