Para la operación de cualquier negociación se requiere la definición de políticas y procedimientos para el desarrollo de las actividades diarias, cuya validez legal en ocasiones es cuestionada por los empleados al momento de su exigibilidad.
Entender la importancia de estas herramientas al interior de las organizaciones es primordial, pues permite comprender porqué ninguna de ellas son conceptos legales.
Las políticas son los instrumentos mediante los cuales la dirección de una compañía comunica a los miembros de niveles inferiores sus ideas y visión. A través de ellas se establece y determina la conducta que deben observar los integrantes de la organización.
Por su parte, los procedimientos son los lineamientos generales a seguir por los trabajadores para realizar determinados procesos en la prestación de sus servicios; es decir, son los métodos estándar que los empleados deben acatar para cumplir con su trabajo.
Como se observa ambas herramientas están dirigidas a la operación de la negociación, y solamente quienes la manejan o son los propietarios de ella son quienes las definen en aras de lograr los objetivos de la misma, y su exigibilidad no depende de la regulación jurídica sino de la naturaleza y objetivos de la empresa.
Sin embargo, algunas políticas y procedimientos pueden plasmarse en el reglamento interior de trabajo o en el contrato de trabajo celebrado con los trabajadores a efectos de que estos no tengan dudas sobre su cumplimiento, e impacto que tienen en sus labores, así como las consecuencias de su omisión, tal es el caso de las vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo, la ética y la violencia laboral (arts. 134, fraccs. III y VII; 422 y 423, fracc. XI, LFT).