La exclusión de personas con discapacidad en empresas puede representar una pérdida de hasta el 7% en el PIB de un país, y es que de acuerdo con un reporte del Banco Mundial, tan solo en América Latina y el Caribe hay alrededor de 85 millones de personas que pertenecen a este sector de la población, por lo que es necesario atender las barreras físicas, legales y sociales para seguir avanzando en la inclusión en un futuro próspero y resiliente.
De acuerdo con los datos del Banco Mundial registrados en “Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible”, en uno de cada tres hogares de la región hay al menos una persona con algún tipo de discapacidad y una de cada dos no participa en el mercado laboral.
Al respecto, Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, aseguró que las personas con discapacidad tienen derecho a participar plenamente en la vida pública “sin sufrir discriminación alguna ni marginación en escuelas o lugares de trabajo y “poder acumular el capital humano necesario para ser incluidos y tener dignidad y oportunidades en la vida”.
De acuerdo con el estudio, la pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades laborales, así como la informalidad, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica y la discriminación son problemas a los que las personas con discapacidad se enfrentan, de hecho, cerca de siete de cada 10 hogares son vulnerables a caer en la pobreza en situaciones de crisis.
En países como México, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, la probabilidad que tienen las personas con discapacidad a ser vulnerables aumenta si el hogar tiene jefatura femenina, pues el valor del trabajo de cuidados no remunerado oscila entre el 16% y el 25% del PIB.
El Banco Mundial estima que el número de personas con discapacidad aumentará en el futuro por el envejecimiento poblacional, de hecho, se espera que el número de personas de 60 años o más aumente a 196 millones para el 2050, por lo que es imprescindible avanzar en políticas inclusivas para no poner en riesgo la sustentabilidad de la recuperación post pandemia.
El reporte enfatizó en la importancia de diseñar políticas que contemplen las condiciones específicas de cada país y situación mediante mejores datos, objetivos claros y medibles, que afronten y eliminen estereotipos, y empoderen a las organizaciones de personas con discapacidad.
Al respecto, Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, aseguró que las personas con discapacidad tienen derecho a participar plenamente en la vida pública “sin sufrir discriminación alguna ni marginación en escuelas o lugares de trabajo y “poder acumular el capital humano necesario para ser incluidos y tener dignidad y oportunidades en la vida”.
