Pese a los derechos que los niños y las niñas tienen, el trabajo infantil sigue imperando en México, pues de acuerdo con Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), en 2019 alrededor de 3.3 millones de menores de edad se encontraban en actividades laborales, y tres años después, en 2022, la cifra aumentó a tres millones 850 mil.
Al respecto, el investigador de la UNAM, Fernando Guzmán Aguilar, aseguró que este incremento fue consecuencia del Covid-19, ya que más menores se vieron en la necesidad de solventar las necesidades de sus familias, tras la muerte o desempleo de sus padres por la pandemia.
El estudioso lamentó que en un contexto de pobreza y desigualdad en el país, las niñas y niños mexicanos se ven obligados a realizar labores riesgosas en minas, en campos agrícolas y en “la mendicidad forzada”, privándolos del “acceso al ejercicio de sus derechos fundamentales” como la educación y vivienda dignas.
A voz de los expertos, “la explotación laboral infantil implica un entramado de violencias” que transgrede el “desarrollo biopsicosocial de niñas y niños”, y “se configura como un fin de la trata de personas”, pues en algunas partes del país, la situación está vinculada a grupos delictivos del crimen organizado.
En ese sentido, Ruiz Serrano recordó que antes de la pandemia se calculaban 30 mil niñas y niños involucrados en actividades delictivas como halcones para el sicariato, o con fines de explotación laboral y sexual, por lo que no sorprende que la pornografía infantil ascendiera un 150%, a lo que el economista Mario Luis Fuentes, agregó, se estima que por cada 10 que padecen explotación sexual, hay nueve más.
El investigador de la UNAM expuso que en México hay 20 millones de menores en condiciones de pobreza, por ello, recordó que la experta de la ENTS resaltó la importancia de hacer un desplace de culturas, de derechos y cuidados hacia las niñas y niños, para distanciarse de la perspectiva adultocéntrica, “que los ve como una propiedad a la que se le reconoce como un objeto”.
Además, agregaron, se requieren de políticas públicas integrales que generen mejores condiciones de cuidados, no solo con becas y otros paliativos, sino con sistemas comunitarios y familiares, ya que es una responsabilidad social generar buenos espacios y condiciones favorables y de cuidado afines a los derechos fundamentales de la niñez para su desarrollo integral.
