La Coneval destacó que entre 2017 y 2021 el gobierno mexicano buscó atender parte de los retos identificados en 2018 y que siguen existiendo desafios importantes para la atención de las prioridades vinculadas al derecho al trabajo.
En el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018, destacó que hubo avances significativos respecto a la situación de exclusión de las y los jóvenes; la implementación de la reforma laboral 2017-2019, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo entre 2018 y 2021, que mejoraron los ingresos de quienes lo perciben; y la modernización de la estructura y estrategias de inspección laboral.
Asimismo, reconoció que las reformas realizadas en los marcos normativos nacional e internacional entre 2017 y 2021 contribuyeron a fortalecer el compromiso del Estado mexicano y resolvieron parte de las deficiencias previas.
“Las reformas constitucionales adoptadas en dicho periodo, de los Convenios Internacionales (98 y 189), y el T-MEC inciden esencialmente en dos ámbitos: la protección de grupos vulnerables (trabajo remunerado en el hogar, igualdad de derechos y protección de los ingresos de estos y de los jornaleros agrícolas) y de los trabajos atípicos (subcontratación y teletrabajo); y en la efectividad del derecho a través de las garantías en torno a la libertad sindical, la negociación colectiva, la democracia sindical y un sistema de justicia laboral independiente del Poder Ejecutivo”, detalló.
Retos del sistema laboral
En ese sentido, Coneval identificó que la informalidad laboral puede considerarse como uno de los más importantes retos que afectan el disfrute del derecho al trabajo; sus altos niveles inciden negativamente en los ingresos públicos y en las capacidades estatales para ofrecer servicios públicos de calidad, además establece una competencia desleal entre empresas y, a la vez, se perjudica a las empresas informales que no tienen acceso al crédito y no pueden crecer.
Asimismo, el debilitamiento en los servicios públicos de vinculación refuerza las prácticas de vinculación por medios informales mayormente asociadas al trabajo informal, potencia las consecuencias negativas de la vinculación informal, más aún cuando se trata de un contexto de contracción y poco dinamismo de la economía.
Un panorama de esta problemática es que el porcentaje de personas trabajadoras desempleadas que acudió a los servicios públicos de colocación fue de 1.3% en el primer trimestre de 2017 y descendió a 0.8% en 2021. Por el contrario, aumentó la importancia de la intermediación por medios privados, al incrementarse del 25.3% al 36.6% entre 2017 y 2021.
Por lo anterior, llamó a avanzar hacia una política integral centrada en incrementar el empleo formal y de calidad con la participación de instancias gubernamentales y cuyos resultados busquen beneficiar, entre otras, a personas trabajadoras informales, grupos vulnerables y personas trabajadoras de plataformas.
Por otro lado, señaló que la falta de apoyo para el trabajo de cuidados y del hogar no remunerado, así como el restringido acceso a guarderías podrían estar impidiendo la participación total o parcial en el ámbito laboral de las mujeres; por ello se requiere de acciones afirmativas para superar la desigualdad en la participación económica entre mujeres y hombres.
