Dentro del “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2022-2024” publicado en el DOF el 5 de diciembre de 2022, se señaló que distintas dependencias y entidades deben ejecutar acciones puntuales para lograr lo previsto en él.
Dentro de los factores de riesgo que incentivan la generación de violencia y delincuencia, enlistados en dicho programa, se encuentran la falta de oportunidades laborales, la informalidad y la desocupación.
Hay que recordar que el numeral 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que regula el Sistema Penitenciario, señala que su organización debe efectuarse sobre el respeto al derecho del trabajo y la capacitación para el mismo, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Por ello, la STPS tendrá que garantizar la protección de ese derecho al trabajo el cual no debe restringirse a ninguna persona, aun cuando se encuentre recluida cumpliendo una condena privativa de la libertad.
De ahí que se le exige ejecutar acciones encaminadas a impulsar:
- el acceso a oportunidades de empleo y difundir los programas por medio de campañas de difusión regional y local, en municipios y alcaldías
- la inscripción de jóvenes de 18 a 29 años en el programa de "Jóvenes Construyendo el Futuro", en los lugares con mayor rezago social, violencia e incidencia delictiva
- la coordinación de las instituciones competentes y las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar políticas públicas y programas que garanticen la prevención y atención a los casos de trata en contra de mujeres
- acuerdos ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública con el fin de consolidar la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, para la prevención e investigación de trata de personas
- intervenciones en los espacios educativos de tipo básico y medio superior, sobre gestión de emociones y sexualidad, redes de apoyo familiar y masculinidades
- la difusión e implementación de campañas de comunicación que incorporen la participación ciudadana y comunitaria, para fomentar la denuncia de conductas relacionadas con trabajos forzados, esclavitud sexual, mendicidad forzada, adopción ilegal y tráfico de órganos
- la propagación de campañas de comunicación en contra del trabajo infantil en los estados de mayor problemática al respecto, y
- que los centros penitenciarios vinculen a las personas en libertad condicionada, o a quienes hubiesen cumplido sanciones privativas de la libertad, mediante programas de apoyo social, educativos y de oportunidades laborales
