En el mundo, uno de cada 10 niños trabajan, según estimaciones del el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), en tanto, la coordinadora de la Línea de Investigación Institucional Promoción y Protección de Derechos de la Infancia de la UNAM, Elisa Ortega Velázquez, añadió que 79 millones realiza trabajos peligrosos que los ponen en riesgo.
La experta añadió que estos trabajos los ponen en riesgo “física, mental o moralmente”, ya que en muchos casos se les “priva de la posibilidad de asistir a la escuela, les obliga a abandonarla de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado, que les consume mucho tiempo”, un problema que aumento durante y tras la pandemia.
Velázquez compartió que en América, la cifra ronda los 11 millones de menores que se encuentran trabajando, y dentro del continente, México es el segundo país con las cifras más altas en trabajo infantil (3.3 millones), tan solo después de Brasil; lo peor del caso es que muchas de las actividades que realizan son “violaciones gravísimas de derechos humanos”, ya que “atentan contra su dignidad, integridad y bienestar físico, emocional y psicológico”.
La investigadora de la UNAM lamentó que en el país sea normalizada la mendicidad y exista el matrimonio infantil sobretodo en comunidades indígenas y pueblos originarios, ya que estas son “formas de esclavitud”, así como la explotación, si bien, reiteró que “hay que ser respetuosos de los usos y costumbres de los pueblos originarios”, destacó que estos no deben atacar los derechos de los menores.
“En nuestro país hay una dislocación del discurso de derechos humanos de la niñez, la cual es eminentemente práctica o de política pública, ya que normativamente se cuenta con una ley aceptable en la materia (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) que se encuentra armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño”, señaló.
Si bien, recordó que el trabajo es de todos, es decir, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, reiteró que “en la realidad es muy diferente y no existen las partidas presupuestales que hagan realidad lo dispuesto a nivel normativo. Hay diversas hipótesis sobre por qué pasa esto y una es porque los niños no votan”.
Finalmente, la investigadora hizo un llamado a fin de visibilizar el problema y para que el Estado tome acción y atienda los temas que vulneran la dignidad y derechos de las infancias, y en congruencia, se respeten todos y cada uno de los tratados que México ha ratificado en materia de derechos humanos, sobre todo en lo relacionado a las niñas, niños y adolescentes.
