Las empresas pueden contratar menores de edad para que les presten servicios personales y subordinados, siempre y cuando estos tengan 15 años cumplidos o más, y exista compatibilidad entre sus estudios y el empleo (arts. 123, apartado A, fracc. III, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —CPEUM— y 22 Bis, Ley Federal del Trabajo —LFT—).
No obstante, los patrones deben considerar los límites previstos en la LFT para proteger la integridad física y mental de los menores que ingresan al ámbito laboral.
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De acuerdo con el numeral 176 de la LFT, los empleadores tienen la obligación de evitar que los adolescentes desempeñen tareas consideradas peligrosas o insalubres, que pongan en riesgo su seguridad.
Entre las prohibiciones se encuentra el manejo, la operación y el mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas de tipo mecánico, eléctrico, neumático o motorizado, por el alto potencial que tienen de provocar amputaciones, fracturas o lesiones graves.
También se prohíbe que los menores conduzcan o den mantenimiento a vehículos motorizados, incluidos los trabajos de mecánica y electricidad automotriz. Asimismo, se les impide utilizar herramientas manuales punzocortantes, como cuchillos, navajas, sierras o cinceles, debido al riesgo de heridas o accidentes.
¿Qué sucede si el patrón ordena a los menores utilizar una herramienta prohibida?
Si un empleador ordena a los colaboradores menores de edad a utilizar herramientas prohibidas, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); esto es, de $ 5,657.00 a $ 282,850.00, sanción que se impone por cada colaborador afectado (arts. 992, penúltimo párrafo y 995, LFT).
Además de las sanciones económicas, ordenar a un adolescente manipular herramientas catalogadas como peligrosas puede generar responsabilidades adicionales, en donde el empleador puede enfrentar investigaciones por violaciones a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, así como posibles reclamaciones por daños y perjuicios derivados de la falta de diligencia debida.
Por ello, se recomienda a las empresas evaluar cuidadosamente las funciones asignadas a los menores, evitando la utilización de utensilios o maquinaria que puedan alterar su seguridad y salud.
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