A mediados de mayo la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), organizó un evento denominado ?Proyecto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, su Avance en el Congreso y Comentarios al Respecto?, donde participó como invitado de honor el doctor Álvaro Castro Estrada, Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El funcionario enfatizó el interés de la STPS sobre la realización de las enmiendas necesarias a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y modernización del entorno laboral en nuestro país; sin embargo apuntó que esto depende en mucho de la voluntad política del Congreso de la Unión para analizar y discutir las propuestas de reforma, pues desde hace algunos meses tiene en su poder la compilación y el análisis realizado por la dependencia sobre los aspectos importantes de las más de 260 iniciativas elaboradas por los sectores empresarial y obrero, así como de los partidos políticos.
Entre los objetivos que destacan de la compilación de referencia se encuentran los siguientes:
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promover el trabajo decente, la equidad y la no discriminación de los derechos laborales: se pretende incorporar la definición de trabajo decente en concordancia con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo; establecer medidas para inhibir el trabajo de menores de 14 años que incluyan sanciones privativas de la libertad; imponer la obligación patronal de adecuar las instalaciones de los centros de trabajo para los discapacitados; prohibir a las compañías solicitar a las mujeres certificados médicos de estado de gravidez; regular el tema del acoso sexual y la subcontratación ( outsourcing) e incrementar los montos mínimos y máximos de las multas por infracciones a la normatividad en la materia
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aumentar la productividad y competitividad: suprimir el escalafón ciego; permitir el otorgamiento de fines de semana largos mediante la firma de convenios entre los trabajadores y patrones y privilegiar la productividad como factor de retribución a los trabajadores
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facilitar el acceso al mercado laboral: permitir la celebración de contratos sujetos a un período de prueba, de capacitación inicial, y por temporada, los cuales tendrán ciertos candados para evitar abusos por parte de las organizaciones y reconocer al teletrabajo como una posibilidad de prestar servicios en el domicilio del trabajador
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vincular la capacitación y el adiestramiento con la productividad: incorporar la definición de productividad adoptada por los sectores obrero y patronal, esto es, establecer que las comisiones de capacitación y adiestramiento también sean de productividad, las cuales sólo deberán crearse en empresas con más de 50 trabajadores; además de ampliar las funciones de los comités nacionales de productividad y capacitación a fin de promover la vinculación de los salarios a la calificación de la productividad como otra forma de remuneración
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fortalecer la seguridad e higiene en los centros de trabajo: especificar el procedimiento de clausura inmediata en los centros laborales cuando exista peligro inminente de afectación a la salud y vida de los trabajadores; fijar mayores estándares de confiabilidad en las inspecciones; emplear el uso de unidades de verificación para tareas de alto riesgo, pues se tienen pocos inspectores para realizar esa labor y actualizar la tabla de enfermedades derivadas de riesgos de trabajo
- establecer condiciones laborales dignas para los trabajadores del campo: crear nuevas obligaciones patronales: expedir constancias de días laborados y salarios percibidos, proporcionar alimentación sana y nutritiva, otorgar transporte gratuito cómodo y seguro de la zona habitacional al centro de trabajo y viceversa y brindar servicios de guardería
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fortalecer la transparencia al acceso de la información; hacer obligatorio la publicación los registros sindicales y de los contratos colectivos de trabajo
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modernizar y profesionalizar la impartición de justicia laboral; crear un servicio profesional de carrera y un registro profesional para el personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA); exigir en todos los supuestos que los litigantes sean abogados; incorporar herramientas tecnológicas en la administración de los procedimientos jurisdiccionales; fijar expresamente el requisito de conciliación en cualquier etapa del proceso laboral, para tal efecto se deberá designar un funcionario conciliador; limitar la generación de salarios caídos a seis meses e instituir un procedimiento sumario para los juicios relacionados con la seguridad social
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brindar mayor certeza en las relaciones colectivas de trabajo: establecer el voto secreto en las elecciones de directivas sindicales; facilitar los procedimientos sindicales ante las JCA mediante el cumplimiento optativo de obligaciones por vía electrónica; suprimir la cláusula de exclusión por separación; además se crean procedimientos para salvaguardar los bienes de terceros afectados en el estallamiento de una huelga y se erige el arbitraje obligatorio en materia de huelgas cuando el sindicato o patrones no lo soliciten en un plazo de dos meses, y
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actualizar disposiciones obsoletas. Para lograrlo se regula el pago de salarios a través de transferencias electrónicas bancarias y por tarjetas de débito y se eliminan las Juntas de Conciliación, las cuales conocen de controversias de cuantía menor
Como puede observarse en este recuento de los aspectos de la propuesta de reforma, de ser aprobados, sin duda coadyuvarán a modernizar el contexto laboral de México. Sólo basta que los legisladores en aras de un desarrollo de la justicia y equidad laboral para trabajadores y patrones asuman el riesgo político que esta tarea implica y dejen a un lado sus intereses fraccionarios o personales.
