Más protección al trabajo infantil

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la supresión del trabajo infantil es una realidad lejana para más de 215 millones de menores en el mundo, porque actualmente en África labora uno de cada cuatro niños, en Asia uno de cada ocho y en América Latina uno de cada 10; además de que 115 millones de pequeños prestan sus servicios en condiciones peligrosas.

En nuestro país urge una regulación más rigurosa que los proteja, por ello la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en su boletín de prensa número 95, disponible en su página de Internet: www.stps.gob.mx, destaca la propuesta de enmiendas a la LFT, respecto a este tópico presentadas al Congreso de la Unión hace algunos meses, las cuales pretenden en todo momento tutelar la dignidad de los menores y promover su acceso a la educación básica obligatoria, evitando con ello el estado de marginación en el que se encuentran actualmente.

Entre los beneficios contenidos en la iniciativa de reforma están los siguientes:

• prohibir:
• a nivel constitucional la contratación de la fuerza laboral infantil, así como prever medidas más severas para quien abuse y explote su fuerza de trabajo, tales como: tipificar como delito la contratación de menores de 14 años con una pena privativa de la libertad de uno a cuatro años, además de la imposición de una multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general en el DF
• la utilización de la fuerza laboral de los niños durante lapsos de contingencia sanitaria, y
• facultar a la Inspección del Trabajo para determinar el cese inmediato de las labores de los menores de 14 años e imponer la obligación patronal de resarcir las diferencias salariales, cuando les hubiese asignado un salario inferior al que realmente les correspondía

El empleo de la fuerza de trabajo infantil obedece a una realidad social, política y financiera de la que adolecen las naciones del tercer mundo, la cual mientras no sea resuelta, difícilmente será subsanada por el mandamiento de un decreto o una ley. Por ello, previo al establecimiento de medidas coercitivas para la utilización del trabajo infantil, resulta indispensable mejorar las políticas financieras de los gobiernos, que permitan a los padres de los menores contar con trabajos dignos y bien remunerados, para que así se inhiba que éstos se vean en la penosa necesidad de contribuir al sostenimiento de la economía familiar.