Es un hecho que el pago de pensiones preocupa a todos los países. En su mayoría ante la presión social ceden y cubren el déficit con el presupuesto; el último ejemplo, es Nicaragua, cuya reforma en la materia suscitó protestas sociales que presionaron al grado de dar marcha atrás a la reforma.
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El gasto en las pensiones crece porque se jubilan más gente y en ciertos sectores son muy elevadas; por otra parte, cada vez existen menos cotizantes que soporten las pensiones, en razón a la evolución de la pirámide de población y los salarios.
Los diferentes gobiernos buscan soluciones que hagan viables los actuales sistemas pensionarios y reequilibrar los déficits a corto plazo, pero muchos se enfrentan a los climas electoralitas que en su mayoría toman como bandera esta problemática.
Recientemente el gobierno español propuso adoptar nuevas figuras tributarias para cubrir un incremento del 1.6 % a las pensiones. Así, se propone un impuesto que se pagaría sobre determinados servicios digitales. Este gravamen se aplicará únicamente a empresas con elevados ingresos para no afectar a las Pymes, y solo gravaría a los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales que son difícil de recaudar por los sistemas tributarios vigentes.
La base gravable sería la facturación digital a tecnologías que facturen más 750 millones de euros con ingresos anuales gravables de más de 50 millones de euros. La tasa que se propone sería del 3 %: al parecer la reforma tiene nombre y apellido (Google).
Faltaría esperar que se apruebe, más cuando existen opiniones divergentes respecto a gravar a este tipo de servicio con impuestos nacionales o locales, porque países como Luxemburgo, Suecia o Filandia apuestan a una solución internacional para determinar quienes son los beneficiarios de esa recaudación.
En fin el hecho es la situación crítica de los sistemas pensionarios y que hoy solo hay propuestas electoralistas para una posible solución, en tanto sigue la problemática creciendo.
