Los cambios en la materia que busca el próximo gobierno se basarán en revisar el régimen de inversión y las comisiones que cobran las afores
La reforma en pensiones que busca hacer el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ser integral y no solo en partes, consideró Pablo Antolín, economista de la unidad de pensiones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Desde la OCDE opinamos que toda reforma a un sistema de pensiones tiene que ser integral, no hay que hacer un poquito aquí y otro allá, o lo haces todo o mejor no lo hagas, porque lo que hagan en un área, tendrá impacto en las otras. Tienes que hacerlo todo de manera integral”, dijo en entrevista.
Lo anterior lo comentó en referencia a que la siguiente administración busca hacer una reforma en pensiones a mitad del sexenio, la cual se basará en dos ejes principales: revisar el régimen de inversión y las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (afores).
“Lo que está proponiendo el nuevo gobierno es una parte de la reforma integral que requiere el sistema de pensiones, pero no es lo único (necesario) para resolver el problema que enfrenta el país en esta materia”, acotó el economista de la OCDE.
Mencionó que las aportaciones que realizan los trabajadores mexicanos a su ahorro para el retiro son las más bajas entre los países de la OCDE y que es un problema que no puede ser desapercibido por el nuevo gobierno.
“En un estudio sobre México, propusimos varias opciones que pueden resolver el problema de las aportaciones, una de ellas es que se pueda complementar con el ahorro de la vivienda, como también lo recomendó el Fondo Monetario Internacional”.
Otra propuesta, expuso, es que las aportaciones se suban conforme incremente el salario de los trabajadores, sin que ello afecte el poder adquisitivo del trabajador.
Por ejemplo, si el salario del trabajador aumenta 3%, las aportaciones podrían subir 1 punto porcentual. Con ello, el dinero para mantener a su familia aumenta y la contribución también, “es una de las formas que se pueden considerar en la reforma”, explicó.
Subir aportaciones conforme al salario
Recientemente, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) presentó una propuesta que habla de subir las aportaciones de 6.5%, conforme al salario que perciba cada trabajador.
Este incremento sería gradual y se subiría hasta llegar a 11% en un periodo de seis años.
Los trabajadores de un salario mínimo seguirían aportando lo mismo que hoy 1.125%; mientras, los trabajadores que ganen entre un salario mínimo y dos UMA (Unidad de Medida y Actualización) aportarían 1.625 por ciento.
Con respecto a los trabajadores que ganen entre dos y tres UMA, aportarían 2.125 por ciento. En tanto, los trabajadores cuyo salario sea de siete UMA o más tendrían que aportar 5.85%, pues entre más ingresos perciban, mayores capacidades tienen de ahorrar.
Generación de transición, el gran reto
Antolín enfatizó que uno de los problemas que al parecer no están siendo considerados por la administración actual ni por la siguiente es la transición del viejo sistema (beneficio definido) al nuevo (contribución definida).
Recordó que en su momento propuso establecer un esquema de prorrateo, el cual no fue recibido bien, pues se pensaba que se cancelarían los derechos adquiridos a la denominada generación de transición, es decir, aquellas personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997.
“Siempre que hablo de resolver o de allanar el problema del periodo transitorio y hacer un sistema de prorrata, aclaro que los derechos de los trabajadores serían respetados hasta el día que se tome la decisión de establecer una prorrata”.
Por ejemplo, si hoy se estableciera la prorrata, al trabajador que empezó a cotizar desde 1995 se le considerará su pensión con el régimen anterior a partir de ese año que cotizó hasta el día de la prorrata, y a partir del día de la prorrata hasta que se jubile se le dará una pensión conforme a las reglas del sistema de cuentas individuales, explicó.
El economista de la OCDE concluyó que, si no se hace algo al respecto, el gran riesgo del sistema de pensiones mexicano es que tendrá que enfrentar un alto costo social y económico, pues se tendrán generaciones pensionándose por dos regímenes diferentes.
“No hay gobierno —de cualquier color— que pueda soportar la contestación social que pueda surgir en ese momento (...) si en los próximos seis años no se resuelve este problema, lo único que se pierden es la oportunidad de abordar el problema con un menor costo”.
Con información de El Economista
