No más comisiones, menor impacto fiscal, mayores tasas de beneficio anual, aumento de la solidaridad social y menos deuda pública son algunos de los efectos positivos de la reversión de la privatización de pensiones, según la experiencia de los gobiernos que tomaron esta decisión.
De los 30 países que entre 1981 y 2014 privatizaron total o parcialmente sus sistemas públicos de pensiones de carácter obligatorio, 18 ya deshicieron esa reforma, es decir, el 60% de ellos.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la privatización de pensiones no dio los resultados esperados, aumentaron los costos y las tasas de cobertura disminuyeron, además de que en vez de mejorar la gobernanza, empeoró; la regulación quedo capturada por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses; además, la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración.
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La re-reforma por su parte, en algunos casos tardó solo unos meses, como en Hungría que inició en abril de 2010 y para octubre de ese año el Parlamento aprobó una ley para redirigir las cotizaciones.
En otras naciones las por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses; además, la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración.
¿Cuáles fueron los efectos de las re-reformas?
Cada caso es diferente y muy específico; sin embargo, estos son los principales cambios luego del retorno a un sistema público, entre los que se encuentran:
Nuevos derechos y prestaciones, en Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Hungría y Kazajstán, se otorgó a los afiliados derechos reales y prestaciones previsionales sobre la base de prestaciones definidas. Los niveles de beneficios están garantizados por la ley, ya sea en la forma de una prestación mínima o como un porcentaje de los ingresos laborales previos.
Nuevas tasas de cotización, reintroducción de las cotizaciones de los empleadores, con lo que se reforzaron los principios de solidaridad y participación de todos los actores sociales en el financiamiento del sistema de pensiones.
Menos costos administrativos, las comisiones de administración y los cargos por primas fueron abolidas en Argentina, incluso las del sistema público; en Hungría, también se suprimieron las tasas y comisiones aplicables a las cuentas individuales remanentes; en Kazajstán, las comisiones y los costos operativos se redujeron a la mitad bajo el FPU y han ido en disminución en Polonia.
Mayores pensiones, mejoró el monto de las pensiones debido a los nuevos derechos y prestaciones, y a los principios de solidaridad que sustentan a los regímenes de beneficio definido.
Impactos fiscales de largo plazo asociados con las reversiones dependerá en gran medida de la capacidad de los países para adaptar sus sistemas de pensiones a las cambiantes condiciones demográficas, económicas y del mercado de trabajo mediante reformas paramétricas oportunas y adecuadamente diseñadas.
Finalmente, la OIT aseveró que “el fortalecimiento del seguro social de carácter público, junto con las pensiones solidarias no contributivas, tal como lo recomiendan los instrumentos normativos de la OIT, han mejorado la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones, han hecho que los derechos de pensión sean mejores y más predecibles, permitiendo a las personas disfrutar de una mejor jubilación. La responsabilidad de los Estados de garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez se logra mejor mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones”.
