Atención médica, protección del ingreso en caso de un accidente o por embarazo, así como pensión para la vejez. Esto es parte de lo que conforma un sistema de seguridad social. En México, y otros países, esto está sujeto a un trabajo formal y estamos lejos de que todas las personas accedan a él, asegura Manuel Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro, es más optimista. Afirma que el actual gobierno federal está sentando las bases para conseguirlo en un futuro. “Esta legislatura también lo está haciendo, quizá no nos alcance el tiempo, pero estamos avanzando en derechos laborales y sociales”.
Es necesario crear un sistema de seguridad social universal no contributiva, han insistido instituciones como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Sus especialistas han propuesto una reestructura del sistema, pues al coexistir modelos a los que los trabajadores aportan de su sueldo y otros que se subsidian con impuestos, “retroalimenta la informalidad laboral”.
El 57% de la población en el país carece de seguridad social, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Poco más de 71 millones de mexicanos no tienen acceso a ella. En 10 años, de 2008 a 2018, el porcentaje se redujo 8 puntos. Es decir, hace una década 65% de los mexicanos no podía acceder a ese derecho.
A nivel global, más de la mitad de población no tiene ningún tipo de protección de la seguridad social, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La mayoría son mujeres. De quienes sí la tienen, sólo 1 de cada 5 dispone de una cobertura adecuada.
El crecimiento del sector informal en los países en desarrollo ha provocado “tasas de cobertura estancadas o en proceso de reducción”. Pero incluso en naciones con un elevado crecimiento económico hay cada vez más trabajadores eventuales, domicilio y por cuenta propia. Todos ellos no tienen o tienen una limitada seguridad social.
Seguridad social universal, dos visiones
La OIT define a la seguridad social como la protección que una sociedad proporciona a las personas y a los hogares. Esto les asegura asistencia médica y tener un ingreso en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo. También en la maternidad o pérdida del sostén de familia.
“En la actualidad México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan dos instituciones públicas” que la proveen, señala la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Se trata del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El IMSS es para las personas que trabajan en una empresa privada, o para quienes determine el Ejecutivo Federal. El ISSSTE es para quienes laboran en los Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo, Judicial e institutos autónomos a nivel federal y para la Ciudad de México.
“Miro distante que pueda haber un sistema universal. No hay condiciones”, sostiene en entrevista el diputado federal Manuel Baldenebro. “Si cerca de 60% de nuestra economía es informal, es el porcentaje de trabajadores que no cotizan y no están pagando para mejorar el sistema. Hay que buscar un nuevo modelo”.
Y ese modelo podría ser la subrogación de los servicios médicos, sugiere. “Ni al IMSS ni al ISSSTE les alcanza para atender a todos, no tienen la infraestructura”, explica. Por ello, una solución podría ser que, en lugar de gastar en hospitales o clínicas, pagar a particulares que ya tienen el equipamiento para que atiendan a los trabajadores.
“El gobierno quiere tener el monopolio”, pero no tiene los suficientes recursos para lograrlo. Como ejemplo, habla del Seguro Popular, que entró en vigor en 2004. Se creó un nuevo modelo, pero los hospitales, las clínicas, los centros de salud, “seguían siendo los mismos”. Al final, dice, la cobertura en materia de salud no se alcanzó.
La seguridad social es un derecho humano. En México está protegido por los artículos 1º y 123 de la Constitución. “Es una garantía constitucional, pero también es una causa justa”, apunta la diputada federal Mary Carmen Bernal. La seguridad social universal será una manera de lograr “una verdadera igualdad entre todos”
Actualmente, sostiene, el sistema “es elitista e incluso clasista”, pues sólo un grupo reducido de trabajadores tiene acceso. “El presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene la idea de generalizar la seguridad social. No solamente para los que está agremiados a ciertas instituciones o que cuenten con ciertos privilegios”, concluye la legisladora.
