En el país, los antecedentes más cercanos de la seguridad social son la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México que se expidió en 1904 y la Ley sobre Accidentes de Trabajo del estado de Nuevo León de 1906 en las que se reconocía, por primera vez, la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores.
Sin embargo, no existía todavía el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la provisión de bienestar social, que hasta entonces estaba circunscrita en su mayor parte al ámbito privado y familiar.
La seguridad social se previó en el artículo 123, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en donde se consideró de utilidad social, el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes, entre otros, además de que se encargaba a los gobiernos fomentar la organización de instituciones de esta índole.
No obstante, el 6 de septiembre de 1929, se publicó una reforma constitucional a esa fracción, a través de la cual se determinó la expedición de la LSS, y que dicho ordenamiento comprendería los seguros de invalidez, vida, cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, y otras con fines análogos.
Fue hasta 1943 cuando se promulgó dicho ordenamiento, y con ello se creó el IMSS, el cual se convirtió en la institución más importante en materia de salud y de seguridad social.
Dado que la cobertura se limitaba a trabajadores formales de las empresas paraestatales, privadas o de administración social, progresivamente se hicieron reformas para incorporar a otros sectores de la población y en 1974 se incluyeron como sujetos de la seguridad social a trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
La reforma a la LSS en 1995 sentó un precedente al abandonar el sistema de reparto en el caso del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez e introducir un sistema de capitalización individual y para el manejo de las cuentas individuales manejadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).
Como puede observarse con el transcurso del tiempo la seguridad social ha sufrido diversas modificaciones a fin de garantizar su acceso.
Además, se han creado criterios judiciales reconociendo el derecho de igualdad, para poder disfrutar de las prerrogativas del Seguro Social de manera incondicional; es decir, sin discriminación por motivos de origen, género, idioma, religión, preferencias sexuales, opinión política o cualquier otra situación.
Aun falta realizar acciones que permitan al Seguro Social, poder brindar sus servicios, especialmente en áreas marginadas y de alta pobreza, pues son un sector desprotegido, y se debe buscar un acceso equitativo en la seguridad social.
