En mayo próximo se cumplirán tres años de la reforma laboral, misma que -en la letra- adoptó cambios para que los sindicatos facilitarán una mayor participación de las mujeres. No obstante, el cambio no ha llegado, advirtieron algunos sindicatos.
En el Primer Encuentro de Mujeres Sindicalistas y Activistas por la promoción de los Derechos Laborales y Espacios de Trabajo Libres de Violencia, Elizabeth Calvillo, del Solidarity Center México, oficina de cooperación internacional que promueve derechos laborales, sostuvo que, en la actualidad, en México, “las brechas de género son un problema sin resolver que agudiza la desigualdad y la injusticia social”.
Agregó que, pese a que el artículo 358, en su numeral dos, de la Ley Federal de Trabajo (LFT), señala que los procedimientos de elección de las directivas sindicales se deberán ajustar a reglas democráticas y de igualdad de género, en la realidad todavía no se alcanza la paridad.
Por su parte, Norma Palacios, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), señaló que sólo cuatro de cada 100 trabajadoras del hogar tiene acceso al servicio de salud.
Hasta el momento, se inscribieron 43,158 trabajadores y trabajadoras del hogar al programa piloto en enero de 2022, con un salario promedio diario de 230.50 pesos.
Solo 28 de cada 100 cuentan con una prestación social, como aguinaldo y vacaciones. Palacios hizo un llamado de atención respecto al dictamen, aprobado por el Senado de la República, en el cual se reforman y adicionan artículos de la Ley de Seguro Social con lo que respecta a las trabajadoras del hogar.
“El dictamen no garantiza que, nosotras, como trabajadoras del hogar podamos contar con las mismas condiciones aplicables al resto de los trabajadores para el ejercicio y disfrute del derecho fundamental a la seguridad social”.
El uso de la palabra esporádico para definir el trabajo doméstico propicia incertidumbre jurídica, afirmó.
“Queremos contar con la seguridad social por el mes completo, pero para eso se nos está condicionando que contemos con un salario mensual declarado que deba superar el valor del salario base de cotización, mínimo, integrado, y elevado al mes de la zona geográfica que corresponda”, explicó.
Ese es un requisito, denunció, que la ley no exige al resto de las personas trabajadoras, por lo que resulta discriminatorio. “Estas omisiones pueden derivar en letra muerta”, advirtió.
Paola Ángel, representante del colectivo Ni una repartidora menos, detalló que las repartidoras de comida por aplicación son una población vulnerable, debido a que son víctimas de asaltos, extorsiones, intimidaciones, acoso e intentos de violación.
“Estas son las violencias machistas de las que padecen las compañeras todos los días”, denunció. Invitó a las repartidoras a formar parte del colectivo, alzar la voz y trabajar juntas para construir lugares seguros.
Abilina Ramírez, representante del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (SINDJA), afirmó, sin cortapisas, que los trabajadores del campo son el sector más vulnerable de la economía.
"Somos la gente de la que menos se habla y la que menos tiene”, dijo. Denunció que los empleadores evaden su responsabilidad, debido a que los jornaleros y jornaleras, entre 5 y 7 millones en todo el país, no cuentan con seguridad social. No obstante, se mostró optimista de cara al futuro de la organización gremial: “Juntas hacemos más”.
Por último, Gonzala Ruana, en representación de Mujeres Unidas en Defensa de las Jornaleras e Indígenas (MUDJI), invitó a los patrones, específicamente a los de Valle de San Quintín, Baja California, a abrir el diálogo y a hacer reuniones para encontrar soluciones a diversos problemas, como salario injusto, despido injustificado y acoso sexual y laboral.
A pesar de ello, se congratuló de que existan este tipo de espacios, que convocan a las mujeres y promueven la lucha sindical.
