Para 2023, el presupuesto aprobado para Protección Social en rubro de Pensiones y Jubilaciones fue de 1 billón 757,252.3 millones de pesos para la Protección Social, lo que representa el 29.5% del gasto programable del Sector Público, la función con mayor presupuesto del gasto programable, indicó un estudio la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez.
El estudio, “Evolución de los recursos federales destinados al Sector Protección Social 2012-2023”, realizado por la investigadora Gabriela Morales Cisneros, señaló que el 87.7% del presupuesto en Protección Social, se concentra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Bienestar.
Mientras tanto, el 12.3% restante corresponde a ramos de Salud, Aportaciones a Seguridad Social, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como a las Entidades no Sectorizadas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por otro lado, se expuso que los recursos federales aprobados para la Protección Social en presupuesto tuvo una tasa media de crecimiento anual real de 7.3%, lo que dio 1 billón 757,252.3 millones de pesos, monto del cual, 1 billón 251,087.5 mdp es para cubrir requerimientos de Pensiones y Jubilaciones y 505,607.7 mdp para gasto corriente.
El estudio del IBD también encontró que el presupuesto del sector de protección social ha “tenido como fin apoyar la operación y prestación de servicios que garanticen a la población el acceso a prestaciones diversas, particularmente a recibir o contar con un ingreso en el momento del retiro en la edad adulta”.
Por otro lado, detalló que la asignación del PEF en Pensiones y Jubilaciones observa una tasa media de crecimiento anual real (TMCAR) de 7.7% en los últimos 10 años, mientras que el gasto corriente disminuyó su participación de 26.1% a 24.0%.
Finalmente, se especificó que el gasto de inversión tuvo “una asignación presupuestaria que resulta no significativa”, debido a la contracción de recursos aprobados como Inversión física y Subsidios de gasto de inversión.
