La reforma al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar está en pleno proceso legislativo en San Lázaro, a pesar de las diversas posturas que generó entre especialistas y legisladores.
La Comisión de Seguridad Social, bajo la presidencia de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján del partido Morena, aprobó por una mayoría de 19 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen que establece la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Este fondo tendrá como objetivo recibir, administrar, invertir y entregar los recursos aportados conforme a las disposiciones aplicables, con la posibilidad de establecer aportaciones adicionales a su patrimonio.
Según el dictamen, el Fondo de Pensiones para el Bienestar proveerá a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para garantizar que los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al salario promedio registrado en el IMSS, reciban un complemento a sus pensiones, siempre y cuando hayan iniciado la cotización a partir del 1 de julio de 1997.
Además, se establece que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) deberán transferir los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez al Fondo de Pensiones para el Bienestar cuando los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, a excepción de aquellos que mantengan una relación laboral activa.
En el caso de los trabajadores del Estado, los recursos serán transferidos al momento en que cumplan 75 años, también sin necesidad de resolución judicial, y se contempla la transferencia de los recursos de la subcuenta de Vivienda al Fondo de Pensiones para el Bienestar en casos similares.
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¿Límites y alcance del Fondo?
De acuerdo con lo avalado el patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar estará vinculado al fideicomiso e invertido en el mismo, sin poder utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario. Además, se establece la creación de un Comité Técnico encargado de emitir las reglas de operación del fondo.
El dictamen también modifica diversas disposiciones legales para garantizar la imprescriptibilidad de los ahorros acumulados por los trabajadores y fortalecer su derecho a la información sobre sus cuentas de ahorro, precisa el documento aprobado.
Los promoventes de la iniciativa, la diputada Cisneros Luján y el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco de Morena, argumentan que el objetivo es contar en México con un fondo solidario de pensiones que complemente las pensiones de los trabajadores y garantice un retiro digno, especialmente para aquellos que iniciaron a laborar en 1997 y quienes ingresaron al servicio del Estado a partir de 2007.
¿Todos están de acuerdo con la reforma?
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) expresó su respaldo a la iniciativa, destacando el diálogo y las modificaciones incluidas que responden a las inquietudes de los trabajadores.
La Amafore reiteró que los principios de propiedad individual de las cuentas de ahorro y la administración eficiente de las Afores se mantendrán vigentes.
No obstante, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE aseguró que entre los principales puntos a debatir de esta iniciativa es que el fondo sería común y no cuentas individuales, como se tiene en las Afores.
“Con esto no se podrá conocer el detalle de intereses ganados o minusvalías, por trabajador”.
Por medio de mensajes de “X” (antes Twitter) mencionó que al no especificar los mecanismos para reclamar los recursos se puede prestar a que la forma de obtenerlos sea más complicada.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es el desconocimiento de dónde serán invertidos los recursos de los trabajadores, pues existe la posibilidad de que sean usados para financiar proyectos del gobierno sin que lo anterior implique un beneficio real para los trabajadores.
“Al ser un fondo común que no tiene reglas establecidas de inversión, se corte el riesgo de terminar siendo un esquema tipo Ponzi, en el que eventualmente el gobierno tendría que transferir recursos al fondo para hacer frente al pago de pensiones. Esto es debido a que implicaría pagar pensiones con los recursos recién llegados, en lugar de pagar con lo ahorrado por cada trabajador. Este esquema no es sostenible bajo ningún supuesto, más aún con una población que va envejeciendo”, enfatizó.
