Representan un gasto extra que el gobierno federal debe cubrir con recursos ya limitados
Para lograr una cobertura de pensión universal “suficiente” -que abarque las necesidades alimenticias de los adultos mayores- faltarían 33 años y se tendría que destinar el 0.8% del PIB a cada pensión no contributiva. En 2015 el costo de una pensión alcanzó el 0.5% de PIB.
Se trataría de un escenario donde a la población mayor de las áreas rurales y urbanas se les entregara una pensión de 1,350 pesos y estaría dirigida al 100% del sector mayor a 70 años de edad, según dio a conocer Alejandra Macías Sánchez, Investigadora de Pensiones y Seguridad Social en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Las pensiones no contributivas son las que se otorgan a las personas que contribuyeron, nada o muy poco, durante su vida laboral para tener una pensión. En 2017 se prevé destinar alrededor de 39,100 millones de pesos a este rubro y seguirá sin ser suficiente para lograr una cobertura universal, de acuerdo al Proyecto de Egresos de la Federación (PPEF).
Además este porcentaje se añade al gasto en pensiones contributivas, destinadas a las personas que contribuyeron al sistema de pensiones a lo largo de su vida laboral y corresponde al 3.5% del PIB, según la experta en el tema del CIEP.
Uno de los aspectos más vulnerables de las pensiones no contributivas es que son financiadas con gasto corriente, y por lo tanto, representan un gasto extra que el gobierno federal debe cubrir con recursos ya limitados como los presentados en el Paquete Económico 2017, explicó Macías Sánchez.
La investigadora argumenta que la transferencia monetaria del Programa Pensiones para Adultos Mayores (PAM) es de 580 pesos mensuales, inferior a la línea de bienestar mínimo. Ésta se calcula en 800 pesos para áreas rurales y en 1,200 para áreas urbanas.
La investigadora concluye que si se persiguiera el objetivo de universalidad y suficiencia de la pensión no contributiva, el presupuesto de PAM debería aumentar 0.3% del PIB en 2017, que significa destinar 4% del PIB a pensiones y desplazaría otro tipo de gasto como el educativo y el de salud.
