Los patrones afectados con la imposición de créditos fiscales improcedentes o por actos ilegales emitidos por la autoridad, como pueden ser las cédulas de liquidación de multas u órdenes de visitas domiciliarias, en muchos casos no cuentan con los recursos necesarios para contratar los servicios de un abogado para defenderse o asesorarse, por lo que tienen que promover ellos mismos sus medios de defensa, lo que ocasiona que en la mayoría de las veces obtengan resoluciones desfavorables.
Ante esta situación las empresas no están solas en el camino de hacer valer sus derechos, ya que pueden ser asesorados gratuitamente por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
La Prodecon es un organismo público descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión. Esto significa que se rige por sus propia normatividad y no depende “directamente” del Presidente, lo que le permite no ser tendenciosa por factores externos, como los políticos o sociales (art. 2o., Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente —LOPDC—).
Por lo anterior es prudente considerar que en términos de los numerales 1o., 3o. 4o. y 5o. de la LOPDC, la Prodecon puede realizar las siguientes acciones, a fin de garantizar las prerrogativas de las empresas a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal:
