La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se reunió con funcionarios, empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil para analizar la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
La reforma, presentada por el diputado Carlos Iriarte Mercado, señala la creación de la figura de agencias aduanales para garantizar la continuidad operativa y las inversiones que los agentes aduanales realizan en infraestructura, capacitación y desarrollo, en beneficio del comercio exterior. Además de la reducción del uso de papel en las aduanas como medida de protección al ambiente.
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Al respecto, José Teodoro Barraza López (PAN), destacó que el comercio internacional es fundamental para que las naciones logren niveles adecuados de desarrollo económico y social, por lo que consideró importante atender la permanente actualización de las aduanas frente a ese entorno económico global que evoluciona constantemente y que requiere adecuaciones a la legislación para tener políticas comerciales, simples, transparentes y armonizadas.
Asimismo, el diputado Ricardo García Portilla refirió la relevancia de la existencia de la agencia aduanal, ya que es un patrimonio familiar o una empresa que requiere seguir funcionando.
Coincidió José Alfonso Padilla Manjarréz, de la Administración Central de Operación Jurídica del SAT, quien detalló que una bondad de la iniciativa es que compensará el aprovechamiento de los recintos fiscalizados, ya que precisa cómo operará la compensación de los prestadores de servicios autorizados, que “hoy día no es tan clara”.
No obstante, Luis Enrique Zavala Gallegos, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, mencionó que esta iniciativa generará una pérdida en la competitividad de los empresarios y encarecerá los servicios. Afirmó que la merma oscilaría en alrededor de 1,200 millones de dólares, solo para el puerto de Manzanillo.
Por su parte, Fernando Hernández Casas, representante de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, expresó que este ordenamiento debe facilitar su labor y la de los usuarios por lo que urgió a incluir el principio de la buena fe, toda vez que casi el 65% del Producto Interno Bruto (PIB) pasa por las aduanas; por ello, es necesario que sean ágiles y rápidas, pues en el ámbito de las sanciones consideró que son excesivas.
