El proyecto de crear una fiscalía encargada de la lucha contra el fraude a las subvenciones avanzó en la Unión Europea (UE), después que los ministros de Justicia de 20 países miembros finalizaran su acuerdo para su lanzamiento.
La fiscalía europea, con sede en Luxemburgo, "tendrá la autoridad, bajo determinadas condiciones, de investigar y perseguir los fraudes y otras infracciones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea", indicó en un comunicado el Consejo de la UE.
La fiscalía europea, prevista en los tratados desde 2009 y en negociación desde 2013, constará de una oficina central en Luxemburgo con un fiscal de cada país participante y de un nivel descentralizado, con fiscales europeos delegados.
En su punto de mira estarán los siguientes actos ilícitos:
- delitos contra el presupuesto de la UE, concretamente contra las subvenciones europeas
- casos transfronterizos de fraude del IVA superior a 10 millones de euros
Este fraude transfronterizo genera cada año al menos 50.000 millones de euros de pérdidas en total en los presupuestos nacionales, según el ejecutivo comunitario.
La Eurocámara deberá dar ahora su visto bueno a esta instancia independiente, cuya puesta en marcha tras esta etapa formal podría producirse entre 2020 y 2021, según la Comisión Europea, y solo en aquellos países que hayan expresado su deseo de participar, por el momento 20 sobre 28.
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, República Checa y Rumania participarán desde su inicio en virtud de la llamada "cooperación reforzada".
