Trámites de gobierno cuestan millones de pesos a empresas

Los costos para las empresas por actos de corrupción ascendieron a 1,600 millones de pesos
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Durante el año pasado, los costos monetarios del cumplimiento de las regulaciones en empresas se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)  del total de las unidades económicas, en 20.2% se señaló que el marco regulatorio, es decir, aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad, representaron un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.

En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48,871 pesos por cargas administrativas y en la mitad de las unidades económicas o 50.9% se consideró que las cargas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o iguales de pesadas en relación con las de 2015. 

Asimismo, en 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales, lo que implica un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.

Los trámites por los que tuvieron la necesidad de acudir a instalaciones de gobierno fueron los siguientes:

  • inicio o seguimiento de averiguaciones previas (96.8%)
  • conexión al sistema de aguas local (95.7%)
  • apertura de establecimiento (94.9% de los casos).

En 64.6% de las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; en 39.4% se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7% se originan por la obtención de licencias o permisos.

Así, en 2016, los costos para las empresas por actos de corrupción ascendieron a 1,600 millones de pesos, con un pago promedio por unidad económica de 12,243 pesos.

El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Adrián Franco, precisó que quienes más recientes este tipo de actos fueron las medianas empresas, y que los estados de Quintana Roo