En el Congreso de la Unión existen aproximadamente 15 iniciativas pendientes de análisis que proponen revisar el financiamiento público a los partidos políticos, algunas de ellas pretenden reducir sus asignaciones o eliminarlas, refirió el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del senado.
¿FISCALIZABLES LOS PARTIDOS POLÍTICOS?
En una investigación llamada “Gasto y fiscalización electoral en México: 1997-2017” se apuntó que la eliminación del patrocinio público para partidos políticos no es recomendada por organismos internacionales como IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) y otras entidades, debido a que su objetivo es evitar la influencia de agentes privados en decisiones gubernamentales.
Por ejemplo, se documentaron casos de dependencia de candidatos y organizaciones partidistas con entidades privadas, a fin de obtener fondos para campañas.
Además las actuales iniciativas no consideran los problemas derivados del actual modelo de fiscalización y los requerimientos presupuestales del Instituto Nacional Electoral, precisó el IBD.
Respecto a las multas impuestas a los partidos políticos, estas son menores ante las proporciones del presupuesto público que reciben anualmente, por lo que es necesario mejorar los métodos de fiscalización y revisar la proporcionalidad de las sanciones y el financiamiento.
“El esquema actual de multas a los partidos es insuficiente para disuadirlos de conductas ilícitas, tales como: obtener financiamiento de origen desconocido o gastar sin objeto partidista” y existen nuevas causales de nulidad para cualquier tipo de elección, ya que “el actual modelo de fiscalización no es suficiente para detectarlo”.
En el caso de los topes de gasto de campaña, “la pronunciada disparidad de criterios del cálculo de estos en las entidades federativas hace poco plausible que se pruebe su rebase”, sentenció el BID.
