El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas Carpizo, afirmó que para garantizar el buen desarrollo de la obra pública a nivel estatal es necesario un marco jurídico de calidad ya que al menos 15 entidades de nuestro país no cumplen con los criterios necesarios para una adjudicación responsable de contratos.
“Sin un buen marco jurídico es imposible el desarrollo de obra pública que cumpla con altos criterios técnicos, operativos y presupuestales”, sostuvo Pardinas Carpizo durante la presentación del Índice Legal de Obra Pública del organismo.
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El estudio arrojó que de las 15 entidades federativas analizadas en México ninguna respeta las condiciones de realizar investigación de mercado previo al concurso, incorporar prácticas que fomenten la competencia, contener excepciones razonables a la licitación pública; permitir modificaciones al contrato solo por debajo de 10%, digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra, ni conservar la información por lo menos ocho años.
"Tienen abiertas las puertas" a la opacidad y la discrecionalidad en materia de obra pública, e incumplen con las condiciones mínimas para garantizar su buen desarrollo, denunció el funcionario.
Comentó que en la actualidad la planeación y seguimiento de la obra pública es deficiente, lo que provoca discrepancias entre los recursos presupuestados y ejercidos en el rubro de infraestructura.
Así, tan solo en 2016, cinco entidades excedieron su presupuesto en infraestructura en más de 100%, mientras que siete entidades recortaron su gasto en más de 50%.
