Al entrevistar empresarios o administradores en las organizaciones es muy común encontrar que no conocen las obligaciones legales (mercantiles, fiscales, laborales etc.) a las que están sujetas sus organizaciones, y en general la normatividad que deben cumplir; por ende, desconocen si están o no en regla con ella.
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Además, no cuentan con la documentación legal que respalde la propiedad de algunos de sus activos como pueden ser el caso de terrenos, construcciones o incluso marcas en materia de propiedad intelectual.
De ahí que es vital para las organizaciones llevar a cabo auditorías legales, ya sea de manera interna o por cuenta de un tercero especializado en la materia (esta última es recomendable, para mantener una independencia absoluta), con el propósito de conocer y observar la normatividad legal aplicable. Esto como una práctica de prevención que las ayude a evitar contingencias futuras.
Anteriormente el término “auditoría” solo estaba orientado 100 % a la actividad realizada por el contador público certificado para emitir un dictamen fiscal; sin embargo, ahora se aplica en varias disciplinas, por lo que está cobrando mucha fuerza en el ámbito legal.
Desgraciadamente en las organizaciones el aspecto legal no tiene importancia hasta que se desencadena un litigio, generalmente en materia fiscal, laboral o mercantil, que son los más comunes en la praxis; además de que es vital considerar que el desenlace de este tipo de problemas a final impacta contablemente a las empresas cuando realizan el reconocimiento de un pasivo contingente en sus estados financieros.
Como una práctica de incluso de gobierno corporativa es relevante percibir a la organización como un todo interconectado, que debe ser analizado de manera segregada en todas sus áreas, las cuales yo recomiendo separar por área de regulación según sea la legislación aplicable (fiscal, laboral, mercantil), así como los despachos de profesionales que brindan el servicio de “auditoría”, quienes no deben realizarlas con base a la acostumbrada práctica que satisfacía la emisión de un dictamen fiscal hacia la autoridad administrativa en materia, sino más bien en llevar a cabo mecanismos que agreguen un verdadero valor a las organizaciones.
Como conclusión, se debe percibir al servicio de auditoría legal como una inversión, que ayuda a las empresas a prevenir problemas en el futuro, además de establecerlo como una práctica de gobierno corporativo e incluso un estándar de vigilancia de la compañía por medio del consejo de administración de la misma.