La política de combate a la corrupción requiere generar condiciones institucionales necesarias para su operación, dijo el Instituto Belisario Domínguez
Pese a coincidir en sus objetivos, existe desconexión entre el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública promovido por el Gobierno Federal, y la propuesta de Política Nacional Anticorrupción, enmarcada en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “El combate a la corrupción: La complementariedad de las acciones del Gobierno Federal y el Sistema Nacional Anticorrupción” explica que, en el programa del gobierno de López Obrador, se identifican pocas referencias o alusiones a la política propuesta por el SNA.
Lo cual evidencia que, al menos en el diseño, no se plantean acciones que busquen potenciar los esfuerzos que se realicen desde este Sistema, en cambio, parecen ser dos instrumentos de política independientes y aislados.
Las investigadoras señalan que el propio diseño de la política del Gobierno Federal restringe muchas de las acciones al ámbito de la Administración Pública Federal por lo que, considerando que el problema de la corrupción trasciende esta esfera, es posible que los resultados sean limitados.
La investigación del IBD sostiene que un elemento que destaca es la ausencia de mecanismos de evaluación del programa propuesto por el Gobierno Federal, ya que únicamente se prevén instrumentos de monitoreo que son insuficientes para robustecer la toma de decisiones sobre el curso de esta política y para documentar los efectos que tenga esta política sobre el problema de la corrupción.
El estudio concluye que, dada la complejidad del problema de la corrupción, es indispensable generar instrumentos que favorezcan la convergencia de esfuerzos y recursos para su atención, de lo contrario, existe el riesgo de que los resultados se atomicen.
