CEESP denuncia que "decretazo" amenaza la institucionalidad

El hecho de que las obras de infraestructura del gobierno sean eximidas de obligaciones de licitación y de obtención de los permisos, dictámenes y otros requisitos, además de generar fuertes dudas sobre su legalidad y constitucionalidad, el acuerdo es un ataque frontal a la institucionalidad que por años se ha construido, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

Aparentemente, la motivación del acuerdo es la lentitud de los procesos regulatorios -licitaciones, permisos, etc.-. De hecho, esta tramitología es pesada y costosa, pero la solución del gobierno no debe ser auto eximirse, y de paso dejar los costos regulatorios a la IP", destacó. 

Afirmó que lo deseable para el país es que el gobierno abandere un esfuerzo serio de mejora regulatoria, para lo que cuenta con todos los instrumentos.

Por otra parte, denunció que buena parte de las principales instituciones de Estado independientes del gobierno central han sido agredidas, diezmadas o desaparecidas. 

No obstante, el propósito de las instituciones del Estado es que, al no depender de los cambios de enfoque -o ideología- de los gobiernos guarden las políticas de Estado (en contraste a las de gobierno). Así, las instituciones cuidan temas como acceso a la información, competencia, reglas del juego claras y elecciones limpias y transparentes, entre muchos otros objetivos. Esta tendencia se ha asentado en las democracias más antiguas y en las que se desarrollan con mayor éxito. Son parte fundamental de ese régimen político.