Nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares

El 15 de septiembre de 2017 se publicó la reforma a los artículos 16, 17 y  73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).

A más de cuatro años de la entrada en vigor de dicha reforma, y después de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligaba al congreso a emitir el ordenamiento, el 7 de junio de 2023, se dio a conocer en el DOF el decreto por el que se expide el CNPCF.

El objetivo principal de este nuevo código es homologar la regulación procesal civil y familiar, ya que a la fecha las formalidades varían en cada entidad federativa. Se integra por 10 libros, y a lo largo de sus disposiciones predomina la oralidad, la justicia para agilizar los procedimientos y la solución de conflictos sobre los requisitos procesales.

Enseguida se muestra una reseña de la reciente legislación, destacando los cambios más trascendentales que sufrirán los juicios civiles y familiares. 

Del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar

En este libro se describen las características y formalidades generales que regirán a los procedimientos civiles y familiares.

En un principio se detallan los principios rectores de la impartición de justicia en estas materias, mismos que son los siguientes:

acceso a la justicia: cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar o civil

• concentración: se procurará desahogar la mayor cantidad de actuaciones procesales en una sola audiencia o el menor número de diligencias procesales

• colaboración: se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento, mediante acuerdos conciliatorios, exceptuando aquellos supuestos en que existan conductas de violencia 

• continuidad: las audiencias deberán ser ininterrumpidas, permitiendo excepcionalmente su suspensión en los casos establecidos en el código

• contradicción: las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de
  su contraparte

• dirección procesal: la rectoría del proceso está confiada únicamente a las autoridades jurisdiccionales 

• igualdad procesal: desde el escrito inicial de demanda y hasta la ejecución de la sentencia, las personas recibirán el mismo trato, oportunidades, derechos y cargas procesales sin discriminación alguna, salvo que se involucren derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad

• inmediación: se refiere al contacto directo, personal e indelegable de la autoridad jurisdiccional con las partes y las pruebas

• interés superior de la niñez: observancia que debe darse para hacer prevalecer los derechos de las niñas, niños o adolescentes, por sobre los otros derechos que pudieran estar en pugna en el litigio

• impulso procesal: las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento

• lealtad procesal: quienes participen en el proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben, a la probidad y buena fe

• litis abierta: en materia familiar, la litis no se reduce a la demanda y a la contestación, sino que la autoridad jurisdiccional debe hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del proceso y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos

• oralidad: el proceso se desarrollará en audiencias orales

• perspectiva de género: se propone eliminar las causas de la opresión de género como la
  desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género

• preclusión: el no ejercicio de los derechos procesales en la etapa correspondiente extingue la oportunidad de ejercerlos posteriormente

• privacidad: en materia familiar el acceso a las audiencias queda reservado a las partes y a quienes deban comparecer, y

• publicidad: en materia civil, las audiencias serán públicas

Acciones

Por otro lado, se describen los elementos constitutivos de las principales acciones civiles y familiares, así como el trámite de las excepciones procesales, haciendo una precisión más clara de las mismas como se indica enseguida:

• reales: aquellas acciones que tienen por objeto la reclamación de:

• un bien que pertenece a título de dominio

• gravámenes de servidumbre

• los derechos de usufructo, uso y habitación

• hipotecas

• prenda

• herencia, y 

• posesión

• personales: se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto. Estas no pueden ejercitarse sino contra la persona obligada, contra quien la haya garantizado y contra quienes legalmente le sucedan en la obligación, y

• el estado civil de las personas: los procedimientos relacionados con el estado civil, serán competencia de un juez o autoridad administrativa

Acción reivindicatoria

Pueden ser demandadas en reivindicación, aunque no posean el bien, quienes para evitar los efectos de la acción reivindicatoria dejaron de poseer y quienes están obligadas a restituir el bien o su estimación si la sentencia fuera condenatoria.

Acción plenaria

A quien adquiere con justo título y de buena fe, le compete la acción plenaria de posesión para que se le restituya el bien con sus frutos y accesiones. La acción se ejercitará contra el poseedor de mala fe o contra el que teniendo título de igual calidad al de la parte actora, ha poseído por menos tiempo el bien.

No procede esta acción en asuntos en que ambas posesiones fuesen dudosas, o la parte demandada tuviere su título registrado y la parte actora no, así como contra quien sea legítima propietaria.

Acción negatoria

Procederá para obtener la declaración de libertad o la de reducción de gravámenes de bien inmueble y la demolición de obras o señales que importen gravámenes, la cancelación o anotación en el Registro
Público de la Propiedad, y conjuntamente, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios.

Acción confesoria

Compete al titular del derecho real sobre el inmueble y a quien posea el fundo dominante interesado en la existencia de la servidumbre. Se da esta acción contra el tenedor o poseedor jurídico que contraría el gravamen, para que se obtenga el reconocimiento, la declaración de los derechos y obligaciones del gravamen y el pago de frutos, daños y perjuicios, en su caso, y se haga cesar la violación.

Acción hipotecaria 

Se intentará para constituir, ampliar y registrar una hipoteca, o bien, para obtener el pago o prelación del crédito que una hipoteca garantiza o cuando tenga por objeto la división, registro y extinción de esta, así como su nulidad, cancelación.

Acción de petición de herencia 

Se ejercitará para que sea declarado heredero quien demande, se le haga entrega de los bienes hereditarios con sus accesiones, sea indemnizado y le rindan cuenta.

Acción de obra peligrosa

La acción de obra peligrosa se da a quien esté en la posesión jurídica o derivada de una propiedad contigua o cercana que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la otra, caída de un árbol u otro objeto análogo. Su finalidad es adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezca el mal estado de los objetos referidos, obtener la demolición total o parcial de la obra o la destrucción del objeto peligroso.

Acción proforma

Para exigir de quien esté obligado le extienda el documento correspondiente, siempre y cuando se acredite la titularidad registral del bien inmueble transmitido por quien esté obligado a realizar la formalización que se exige

Excepciones

Respecto de las excepciones, solo se hizo mención de las procesales:

• falta de cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta la obligación
• improcedencia de la vía
• incompetencia de la autoridad jurisdiccional
• litispendencia
• conexidad de la causa
• falta de personalidad del actor o del demandado o la falta de capacidad del actor
• cosa juzgada, y
• remisión al arbitraje

Competencia

Se establecen las disposiciones relativas a las reglas de la competencia por territorio, grado, materia y cuantía, al igual que los casos de recusación, impedimentos y excusas. Estas disposiciones no presentan novedades relevantes pues se rigen de igual forma a los ordenamientos locales (arts. 77 al 124).

Del procedimiento oral civil y familiar

Contiene las formalidades comunes que se deberán observar en los procedimientos oral civiles y familiares.

Formalidades judiciales

Se contemplan los requisitos que deberán cumplir las actuaciones, diligencias judiciales, resoluciones (sentencias interlocutorias, sentencias definitivas, autos y decretos); el trámite de los incidentes; el sistema de audiencias; medidas de apremio y correcciones disciplinarias, formalidades del emplazamiento y las notificaciones y la regulación de los términos y la forma en que se computarán.

Partes en el procedimiento

En primer término, se indica quién tiene legitimación para comparecer en juicio y las maneras en que las personas pueden participar en el procedimiento (por propio derecho, a través de representante legal, o como tercero) (arts. 125 al 134).

Actuaciones judiciales

Se toman medidas especiales para otorgar una justicia efectiva a las personas en situaciones de vulnerabilidad (art. 137):

• las promociones a cargo de personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que se hicieren en su lengua no necesitarán acompañarse de la traducción al español, la autoridad jurisdiccional de oficio designará persona autorizada a realizar la traducción correspondiente

• en los procedimientos en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, podrán designar a quien traduzca o conozca su lengua nativa, y la autoridad  realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictada en dicha lengua, y

• cuando una o ambas partes presenten una discapacidad auditiva, visual o intelectual dichas personas podrán designar como apoyo, a quien sea intérprete de la lengua de señas mexicana y la versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictada, se les facilitará en los medios y formatos que les resulten accesibles

Audiencias

Es deber de las partes asistir a las audiencias por sí o a través de sus personas representantes. La persona representante autorizada que deje de asistir sin justa causa, se le impondrá una multa a favor del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Tribunal o Poder Judicial de cada entidad, hasta el equivalente a 100 veces la UMA. En las audiencias se observarán las siguientes reglas (arts. 138 al 148):

• se celebrarán presencialmente en la sede judicial o de forma virtual

• la autoridad determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de las audiencias de forma continua, precluyendo los derechos procesales que debieron ejercitar las partes en cada una de ellas, sin necesidad de declaración judicial

• podrán decretarse los recesos que la autoridad o las partes soliciten razonablemente, siempre que no constituyan una dilación procesal innecesaria

• se señalará el orden del desahogo de las pruebas atendiendo a la propuesta de las partes. El juez tendrá la facultad para hacer a los testigos, peritos y a las mismas partes, las preguntas que estime conducentes sin romper el principio de contradicción, dirigiendo el debate, moderando la discusión y podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, e incluso limitar el tiempo y número de veces del uso de la palabra a las partes que intervienen, interrumpiendo a quienes hicieran uso abusivo de su derecho

• una vez que testigos, peritos o partes concluyan su intervención, podrán retirarse de la audiencia cuando así lo soliciten y la autoridad jurisdiccional lo autorice

• las esoluciones judiciales pronunciadas oralmente o por escrito en las audiencias, se tendrán por notificadas en ese mismo acto a quienes estén presentes o debieron haber estado, sin necesidad de formalidad alguna

• en las que participen personas con discapacidad, podrán contar con la presencia de las personas de apoyo

• las audiencias podrán diferirse o suspenderse por caso fortuito o fuerza mayor, o porque las partes de común acuerdo lo soliciten

• al terminar las audiencias, en los juicios orales se levantará acta mínima que deberá contener, cuando menos, el lugar, la fecha, el expediente y la autoridad jurisdiccional al que corresponda; el nombre de los participantes, una relatoría sucinta del desarrollo de la audiencia, y la firma autógrafa o electrónica avanzada de la autoridad, y

• las audiencias se registrarán por medios electrónicos. Excepcionalmente, y estableciendo la motivación y fundamentación correspondiente, se registrarán por escrito o por cualquier otro medio idóneo 

Horario hábil

Son días hábiles todos los del año, excepto sábados y domingos y aquellos que las leyes declaren festivos. Son horas hábiles las comprendidas de las 7:00 a las 19:00 horas, pero cuando alguna diligencia se prolongue de podrá continuar en horas inhábiles.

En los juicios que versen sobre alimentos, derechos de niñas, niños y adolescentes, controversias familiares o cualquier tipo de violencia intrafamiliar, todos los días y horas son hábiles (arts. 149 y 150).

Resoluciones judiciales

Se prevén las mismas resoluciones que actualmente contemplan los códigos locales; sin embargo, en este nuevo ordenamiento se da una definición de cada una de ellas (art. 167):

• decretos: son simples determinaciones de trámite que no impliquen impulso u ordenación al procedimiento

• autos: decisiones que tienden al impulso, desarrollo y orden del procedimiento

• autos provisionales: todas aquellas determinaciones que se ejecutan de manera provisional

• autos preparatorios: resoluciones que disponen el conocimiento del asunto, ordenando la admisión de las pruebas y su preparación o su desechamiento

• autos definitivos: decisiones que ponen fin a la acción principal o las que impiden la continuación del procedimiento, dándolo como totalmente concluido, cualquiera que sea su naturaleza  

• sentencias interlocutorias: decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia definitiva, y

• sentencias definitivas: las que resuelven el fondo del asunto en lo principal

Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar mediante su publicación en el medio de comunicación procesal oficial correspondiente, dentro del plazo de tres días siguientes a las 24 horas en que se dé cuenta de la promoción respectiva.

Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación del auto que ordena la citación. Las sentencias definitivas dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación del auto que ordena la citación.

En ambos supuestos, cuando hubiere necesidad de que la autoridad examine documentos o expedientes voluminosos, al resolver, podrá disfrutar de un término ampliado de 10 días más.

En los juicios orales la sentencia definitiva se emitirá en la misma audiencia de juicio, y, además, se explicará con un lenguaje cotidiano, en forma breve, clara y sencilla y leerá únicamente los puntos resolutivos, así como el derecho que tienen las partes para apelar dicha sentencia. Acto seguido, en la audiencia se entregará a cada una de las partes copia por escrito de la sentencia. En caso de asuntos voluminosos, muy complejos o de un alto grado de dificultad, la autoridad jurisdiccional podrá diferir la audiencia de juicio hasta por 10 días para el dictado y explicación de la sentencia definitiva (arts. 168 a 175).

Los plazos a observar para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho serán:

• nueve días para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva

• cinco días para apelar la sentencia interlocutoria o auto contra el que proceda la apelación de tramitación inmediata

• tres días para la celebración de juntas, reconocimientos de firmas, exhibición de documentos; a no ser que, por circunstancias probadas, solicite ampliar el término, lo cual podrá hacerse hasta por tres días más, y

• tres días para todos los demás escenarios

Costas

La condena en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio de la autoridad, se haya procedido con temeridad o mala fe, conforme al arancel autorizado. Siempre serán condenados:

• quien no rinda ninguna prueba para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados

• la persona que presente instrumentos o documentos falsos, testigos o peritos falsos, aleccionados o sobornados, oponga acciones o excepciones procesales notoriamente frívolas e improcedentes,
  o haga valer recursos o incidentes de ese tipo con el fin de generar dilaciones al procedimiento

• la persona que fuere condenada en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y la que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable, y

• la persona que fuere condenada por dos sentencias, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas

• La autoridad deberá analizar la cuantificación y liquidación que se presente por las personas que ejerzan como  notaria, representantes autorizados, corredor público o peritos, y para aprobarla deberá comprobar que se apega al arancel porcentual del monto del procedimiento o por actuación respectivo de la localidad de que se trate (arts. 180 a 184).

Incidentes

En el trámite de incidentes tendrán que seguirse las siguientes reglas (arts. 185 a 190):

• se tramitarán oralmente en el escenario de desarrollarse en el sistema de audiencias, sea en la audiencia preliminar, la de juicio, para la ejecución de la sentencia o cualquier audiencia

• en caso de promoverse en la etapa postulatoria o fuera del sistema de audiencias, se hará por escrito

• en los incidentes que surjan en audiencia, deberán plantearse de forma oral en la misma, exponiendo los hechos, ofreciendo las pruebas e invocando la norma vulnerada. Hecho valer, se proveerá sobre su admisión o desechamiento y estando presente la contraria, contestará en el acto de la audiencia y ofrecerá sus pruebas

• en la misma audiencia la autoridad jurisdiccional ordenará la admisión o desechamiento de pruebas y en el supuesto, se desahogarán las que no requieran preparación especial, dictando en el acto de forma fundada y motivada su fallo interlocutorio, asentando en el acta mínima únicamente los puntos resolutivos 

• los incidentes fuera del sistema de audiencias, se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte, y tres días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse. En ambas vías, oral y escrita, si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si estos son puramente de derecho, la autoridad jurisdiccional deberá desecharlas. En el supuesto de admitirlas se citará para audiencia dentro del término de ocho días, diferible por una sola vez, en que se reciban pruebas, se oigan brevemente las alegaciones, y se dicte en el acto de forma fundada y motivada el fallo interlocutorio

Medidas de apremio y correcciones disciplinarias 

Las medidas de apremio para que la autoridad haga cumplir sus determinaciones serán (art. 191):

• multa que no podrá ser inferior a 100 ni exceder de 300 veces la UMA, la cual podrá duplicarse si se verifica reincidencia

• auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario

• cateo por orden escrita

• arresto hasta por 36 horas, y

• presentación de testigos por la fuerza pública

En otro aspecto, se definen los tipos de correcciones disciplinarias (art. 192):

• amonestación: consistente en la reprensión verbal, electrónica o escrita, que se haga al infractor por la falta cometida

• apercibimiento: consistente en la prevención verbal, electrónica o escrita, que se haga a la persona infractora, en el sentido de que, de incurrir en nueva falta, se le aplicarán una o más de las sanciones 

• multa: que no podrá ser inferior a 100 ni exceder de 300 veces la UMA

• expulsión: cuando las circunstancias así lo ameriten y se altere el orden de la audiencia, se retirará al responsable del recinto judicial, inclusive, con auxilio de la fuerza pública, y

• arresto: quienes se resistieren a cumplir la orden de expulsión, serán sujetos a un arresto hasta por un término de treinta y seis horas

Emplazamiento y notificaciones 

En materia de notificaciones, estas se podrán hacer:

• personalmente, por cédula, por instructivo, por adhesión o por correo electrónico

• por medio de comunicación judicial

• edictos

• correo certificado

• telégrafo, y

• por cualquier otro medio de comunicación electrónica o del sistema de justicia digital

Además, se reducen las notificaciones personales y solo se darán a conocer por este medio las siguientes resoluciones (art. 210):

• emplazamiento a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en cualquier procedimiento

• auto que admite la reconvención, salvo que se haga sabedor de la misma

• incidentes en ejecución de sentencia

• primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar por más de seis meses por cualquier motivo

• ejecución de sentencia o convenio judicial, cuando la misma se solicite fuera de los tres meses de que haya quedado firme la sentencia definitiva

• cuando se estime que se trata de un caso urgente o que la situación de vulnerabilidad de la persona lo requiera, a juicio de la autoridad jurisdiccional y así se ordene

• requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo

• primera resolución dictada por la autoridad jurisdiccional, y

• en cualquier supuesto, a las personas titulares de las fiscalías y agentes del ministerio

En los juicios orales civil y familiar, únicamente será notificado personalmente el emplazamiento y el auto que admita la reconvención (art. 254).

Exhortos y despachos

Los exhortos y despachos que se reciban de las autoridades judiciales del territorio nacional, se proveerán dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, y se diligenciarán dentro de los cinco días siguientes, a no ser que lo que haya de practicarse, exija necesariamente mayor tiempo.

Las diligencias de los exhortos que deban practicarse fuera del territorio de la competencia de la entidad federativa de que se trate, deberán encomendarse, vía correo electrónico, al tribunal o poder judicial del lugar en que han de realizarse o directamente a la autoridad jurisdiccional, conjuntamente con las constancias conducentes (arts. 217 al 226).

Términos judiciales

Los términos empezarán a correr (art. 227):

• el día siguiente en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación personal

• fuera del caso anterior, el día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación realizada por el medio de comunicación procesal oficial

• la notificación realizada por medio de comunicación judicial surtirá efectos el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente

• también podrán notificarse por correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue recibida la notificación, y

• en las audiencias del juicio oral las resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional surtirán efectos en el momento en que las emita, estén o no presentes las partes.

En los autos se hará constar el día en que comiencen a correr los términos y aquel en que deben concluir (art. 230).

Caducidad

Operará de pleno derecho la caducidad de la primera instancia cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo, hasta antes de que concluya la audiencia de juicio, si transcurridos 40 días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera de las partes. Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas (art. 234):

• es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenio entre las partes. La autoridad la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes

• extingue el procedimiento, pero no la acción

• la caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos preventivos, dejando sin efectos las medidas provisionales o cautelares

• la caducidad de la segunda instancia se da si en el lapso de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, ninguna de las partes hubiere promovido impulsando el procedimiento y su efecto será dejar firme lo actuado ante la autoridad jurisdiccional

• la caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial sin promoción alguna de las partes; la declaración respectiva solo afectará a las actuaciones del incidente, sin abarcar las de la instancia principal

• para los efectos de la interrupción de la prescripción por demanda o cualquier género de interpelación judicial notificada a la persona poseedora o deudora en su caso, se equipará a la desestimación de la demanda la declaración de caducidad del procedimiento

• no tiene lugar la declaración de caducidad:

• en los juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de aquellos surjan o por ellos se motive

• en las actuaciones de jurisdicción voluntaria o procedimientos no contenciosos

• en los juicios de alimentos, y

• cuando sea en perjuicio de niñas, niños y adolescentes

• el término de la caducidad solo se interrumpirá por promociones de las partes o por actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia

Etapa postulatoria

Demanda

Se prevén los requisitos de la demanda, contestación, reconvención, su contestación y el desahogo de la vista respectiva (arts. 235 al 254).

Allanamiento y rebeldía 

Se expresa el trámite del allanamiento y la rebeldía haciendo la precisión que en materia familiar, en caso de allanamiento total, además de la ratificación, la autoridad jurisdiccional deberá proveer de la preparación de las pruebas y se fijará fecha para el desahogo de la audiencia de juicio dentro de los 10 días siguientes, actuación en la que se escucharán los alegatos, se desahogaran las pruebas, y se dictará el fallo correspondiente en la misma audiencia (arts. 255 a 260).

Pruebas

Se establecen las cargas procesales en relación con las pruebas. El oferente desde la presentación de su demanda, contestación o desahogo de vista, principal o reconvencional, tiene la carga de ofrecer y anunciar las pruebas, a fin de que la juzgadora al admitir las ofrecidas, proceda a señalar fecha y hora para audiencia de juicio en la que se recibirán oralmente las pruebas, para dichos efectos tomará en consideración el tiempo para su preparación.

La audiencia de juicio, incidental o de ejecución se celebrará con las pruebas que estén preparadas. Estas también podrán desahogarse en audiencia virtual, cuando su naturaleza así lo permita, sea posible técnicamente, exista consenso de las partes y resulte necesario a juicio de la autoridad.

Podrá ofrecerse la prueba de declaración voluntaria de parte propia, así como la declaración de la parte contraria, a través del interrogatorio que se les formule en forma personal en el acto de la audiencia de juicio, con el fin de obtener información sobre los hechos controvertidos dentro del proceso, le sean propios o no (arts. 261 a 342).

Juicio oral sumario

En los procedimientos orales sumarios no existirá expediente. La demanda será formulada por comparecencia y en ella se expresarán en forma sucinta el objeto que se persigue y los hechos que fundan la pretensión, se ofrecerán las pruebas de tales hechos, y se indicará el nombre y domicilio de la parte demandada.

En la misma comparecencia la autoridad jurisdiccional admitirá la demanda y ordenará emplazar a la demandada para una audiencia que se celebrará en un plazo no menor a cinco días contados a partir del emplazamiento.

En la audiencia la demandada dará respuesta a los hechos expuestos por su contraria y ofrecerá las pruebas que estime a su favor.

La autoridad judicial admitirá a las partes las pruebas que estime pertinentes, según la naturaleza de los hechos controvertidos, y señalará día y hora para la audiencia de juicio.

Si solo se admiten pruebas documentales, declaración de parte, instrumental y presuncional, la autoridad judicial iniciará en ese momento la audiencia de juicio, en la cual desahogará las pruebas admitidas, escucharán los alegatos orales y emitirá la sentencia definitiva, que explicará a las partes y documentará dentro de los tres días siguientes.

Contra la sentencia definitiva procede recurso de apelación; contra cualquier otra resolución no procede recurso alguno.

Corresponderá a los consejos de la judicatura de los poderes judiciales locales, determinar qué asuntos serán gestionados en el juicio oral sumario (arts. 351 a 366).

De la justicia civil 

Se regulan las formalidades especiales de los medios preparatorios, distinguiéndose los juicios escritos y los orales civiles (ordinario, ejecutivo, especial hipotecario, especial de arrendamiento inmobiliario y especial de inmatriculación judicial).

Medios preparatorios

Los medios preparatorios tienen por objeto que una persona se allegue de aquellos elementos que estime necesarios para ejercitar una acción o hacer valer un derecho o excepción, dentro de un procedimiento jurisdiccional (arts. 366 a 376).

Medios preparatorios del juicio ejecutivo civil

Tienen por objeto que la presunta deudora comparezca ante la autoridad jurisdiccional para reconocer el contenido de un documento o la firma de este, así como por solicitud de la persona acreedora y sobre una obligación cierta, liquida y exigible.

Una vez que la autoridad jurisdiccional admita la solicitud, señalará fecha de audiencia dentro del plazo de 20 días y citará a la persona de la cual se requiera el reconocimiento del documento o su declaración en torno a una presunta deuda liquida y exigible, con el apercibimiento que, en caso de inasistencia o falta de contestación al interrogatorio, se le tendrá por cierto el reconocimiento de la obligación, contenido del documento o la firma de este.

Practicada la citación se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento, misma que deberá desahogarse mediante su declaración y en su caso, con la exhibición del documento (arts. 379 a 385).

Preparación del juicio arbitral

Cuando en un contrato o instrumento público se haya establecido cláusula de arbitraje y no se haya nombrado árbitro, este se rehusare o falleciere y no exista sustituto, cualquiera de las partes contratantes podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional para que se designe uno a través de un medio ppreparatorio.

Presentándose por cualquiera de los interesados el documento firmado ya sea de manera electrónica o autógrafa, en el que se contiene la cláusula compromisoria, la autoridad jurisdiccional citará a una audiencia dentro del quinto día para que se presenten a elegir árbitro, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldía.

Nombrado árbitro, se levantará acta de la audiencia, a través de la cual se iniciarán las actuaciones de este, emplazando a las partes como se determina en las reglas generales del juicio arbitral (arts. 386 al 390).

Preliminares de la consignación

Si la persona acreedora rehusare, sin justa causa recibir la prestación debida, dar el documento justificativo de pago o si fuere persona incierta o no tenga la habilidad o facultad jurídica de recibir pagos, la deudora podrá librarse de la obligación, mediante el ofrecimiento judicial de pago, seguido de consignación (arts. 391 al 403).

Providencias precautorias 

Las providencias precautorias son las siguientes:

• radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda

• retención de bienes, en los siguientes casos:

• cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y

• tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene

• depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el litigio, cuando se demuestre la existencia de un temor fundado o el peligro de que las cosas, libros, documentos o papeles puedan ocultarse, perderse o alterarse, y

• aseguramiento de bienes y condiciones necesarias para conservar la causa de pedir y garantizar la ejecución efectiva de la sentencia, siempre y cuando las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren a la fecha de notificación de la providencia, no se afecten el orden e interés público o de terceras personas

Las providencias precautorias podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio respectivo (arts. 404 al 423).

Procedimientos civiles no contenciosos

Jurisdicción voluntaria 

La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos que, por disposición de la ley o por solicitud de las personas interesadas, se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional, sin que esté promovida, ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas (arts. 424 al 438).

Apeo y deslinde

El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites o linderos que separan un fundo de otro u otros, o que, habiéndose fijado, hay motivo fundado para creer que no son exactos ya sea que naturalmente se hayan confundido, o porque se hayan destruido las señales que los marcaban, o bien porque estas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo (arts. 439 a 444).

Designación de apoyos extraordinarios 

Todos los mayores de edad pueden recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de auxilio que se prestan para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, y la manifestación de la voluntad (arts. 445 al 455).

Juicios orales civiles

Juicio ordinario civil oral

Se establece el trámite específico del juicio civil ordinario oral desde el sistema de audiencias hasta la emisión de la sentencia (arts. 456 a 469).

Al respecto, las etapas del procedimiento son las indicadas en el siguiente gráfico.