Los estigmas y estereotipos y la exclusión de personas con discapacidad en diversas actividades destacan los retos a los que se enfrentan estos individuos.
Este desafío no se limita únicamente a las restricciones físicas, implica superar obstáculos sociales y culturales que frecuentemente privan a las personas con discapacidad del ejercicio pleno de sus derechos y de su participación activa en la sociedad.
En este escenario, los tribunales desempeñan un papel crucial en la erradicación de este problema. Su función va más allá de interpretar las leyes, porque deben revisar decisiones administrativas que fomentan la discriminación y establecer criterios que promuevan la inclusión.
La lucha por la inclusión en el deporte
Un ejemplo del papel de los tribunales se puede advertir en un reciente pronunciamiento emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver un asunto en el que los padres de un niño con síndrome de Down solicitaron a una institución deportiva que su hijo fuera inscrito en clases ordinarias de natación, pero la institución negó la solicitud, sugiriendo la participación en clases adaptadas y las "olimpiadas especiales”.
En respuesta, el alto tribunal enfatizó la obligación de las instituciones, tanto públicas y privadas, de realizar todos los ajustes necesarios para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en distintas actividades, incluyendo las deportivas, y prevenir cualquier forma de discriminación.
Para lograr esto, recomienda seguir un proceso que inicia con la identificación y eliminación de obstáculos que podrían dificultar la participación de las personas con discapacidad. Esto implica un diálogo directo con estos individuos para entender sus necesidades y desafíos específicos.
Además, destacó la importancia de evaluar si los cambios son posibles desde el punto de vista legal y práctico, y de si son útiles y necesarios para asegurar que las personas con discapacidad disfruten plenamente sus derechos. Es importante que los costos de esos ajustes no recaigan sobre las personas con discapacidad.
En caso de oponerse a implementar estos cambios, la responsabilidad recae en la persona o institución contraria, quienes deben demostrar que los ajustes propuestos no son necesarios o resultan excesivamente difíciles de realizar.
Con este enfoque se busca crear un entorno que fomente la inclusión y la igualdad para las personas con discapacidad, mismo que puede leerse en la jurisprudencia titulada: PERSONAS CON DISCAPACIDAD. METODOLOGÍA QUE DEBEN SEGUIR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA ESTABLECER AJUSTES RAZONABLES Y MEDIDAS DE APOYO PARA SU PLENA INCLUSIÓN EFECTIVA EN CUALQUIER ÁMBITO, con registro digital: 2027395.
