El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un análisis de los riesgos que conlleva la desaparición de diversos órganos autónomos y trasladar sus responsabilidades a otras dependencias del gobierno federal y al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
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Eliminación del IFT y la Cofece
De acuerdo con el IMCO ambas instituciones tienen como objetivo el combate a los monopolios y la garantía de la competencia en beneficio de los consumidores, por lo que su eliminación y traslado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Economía, respectivamente, pone en la mesa el riesgo de que las decisiones de competencia, al originarse desde el Ejecutivo, carezcan de la imparcialidad necesaria que exige su naturaleza.
Esto, indicó, puede erosionar el clima de inversión y la certeza de las empresas sobre la existencia de órganos que emiten fallos basados en técnica y no en intereses particulares. Además, la eliminación de los órganos puede resultar en el incumplimiento de las obligaciones comerciales de México, ya que el capítulo 18 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente e imparcial, y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector. Asimismo, el capítulo 21 determina la obligación de contar con una autoridad de competencia responsable de la aplicación de la ley y dar trato no menos favorable a personas de los países miembros.
Por lo anterior, señaló que s preciso que se consolide una institución independiente, con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, con un servicio profesional propio, que se encargue de la investigación y sanción de prácticas que afecten la competencia en los mercados.
Desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Ambos organismos concentrarían sus funciones en la Secretaría de Energía, lo que podría implicar que el Ejecutivo sea “juez y parte” en las decisiones sobre permisos y tarifas en los mercados de energía para beneficiar a los actores del Estado. Además, el capítulo 22 del T-MEC incluye una disposición sobre la necesidad de garantizar que los organismos reguladores de empresas del Estado -en este caso Pemex y CFE- ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial. En este escenario, la desaparición de la autonomía implica un riesgo para esta imparcialidad que exige el Tratado. Aunado a ello, la modernización del componente comercial del Acuerdo Global México-Unión Europea establece la independencia regulatoria en materia energética.
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Erradicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales
Esta institución, en específico repartiría sus responsabilidades en distintas dependencias como la Secretaría de la Función Pública (ahora de Buen Gobierno y Anticorrupción), el Órgano de disciplina del Poder Judicial, los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos, las Contralorías del Congreso de la Unión y el Instituto Nacional Electoral en lo que compete a partidos políticos.
"La desaparición del INAI y de los órganos garantes de transparencia afectaría la capacidad de rendición de cuentas del gobierno y sus funcionarios, dada la limitación al acceso a la información; la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas es un elemento clave para lograr los compromisos del T-MEC en materia de anticorrupción, incluidos en el capítulo 27. Además, impactaría la participación de la sociedad civil, dada la limitación para realizar solicitudes y la falta de un órgano garante", subrayó el IMCO.
Por lo anterior, sugirió es preciso garantizar que las instancias encargadas cuenten con las facultades de sancionar la falta de transparencia de los sujetos obligados, y que se establezcan estrategias para mantener la lógica sistémica y de coordinación del Sistema Nacional de Transparencia. Esto es importante, porque en la práctica pueden existir brechas en los criterios de apertura de información gubernamental dada la duplicidad de actores encargados.También, es preciso que se garantice la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que incluye poder consultar las solicitudes de información históricas y las obligaciones de transparencia publicadas por los sujetos obligados en el pasado.
Supresión del Coneval y la Mejoredu
"Sin una evaluación rigurosa de los programas sociales, como la que hoy realiza Coneval, se podrían ver afectados los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía que deben guiar el gasto público, lo que significa que el gobierno estará realizando esfuerzos presupuestarios sin la evidencia necesaria", advirtió el instituto.
En ese sentido, refirió que desde la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019 que llevó a la creación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la política educativa ha dejado de contar con una medición pertinente sobre el panorama actual de la educación en México. Los cambios frecuentes en las instituciones y la falta de medición implicará dificultades para identificar las necesidades de infraestructura, el estado del aprendizaje en el país, entre otros indicadores que son clave para trazar un plan accionable en la política educativa a largo plazo.
Por lo cual, es preciso que se desarrollen estrategias que garanticen la continuidad de los proyectos de Coneval que han tenido un impacto positivo para el monitoreo y la evaluación, como el Inventario Nacional de Programas, Acciones y Fondos de Desarrollo Social, la Plataforma de Consulta y Visualización del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) y la Plataforma sobre el Monitoreo de los FAF-Ramo 33 del ámbito social (PMR33), entre otros.
