El 31 de diciembre de 2024, la Secretaría de Gobernación dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa.
Esta reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan la aplicación de esta medida cautelar.
De acuerdo con varios legisladores, la ampliación del catálogo responde a la necesidad de combatir de manera efectiva el crimen organizado y proteger el bienestar social, así como garantizar la recaudación pública. La prisión preventiva busca fortalecer la justicia penal y brindar mayor seguridad a la sociedad.
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Delitos incorporados en la reforma
Entre los nuevos delitos que ahora ameritan prisión preventiva oficiosa destacan los siguientes:
- extorsión
- narcomenudeo
- producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados
- contrabando, y
- cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales
Delitos previamente establecidos
Cabe recordar que, desde la reforma de 2021, ya se encontraban incluidos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa los siguientes delitos:
- abuso o violencia sexual contra menores
- delincuencia organizada
- homicidio doloso
- feminicidio
- violación
- secuestro
- trata de personas
- robo a casa habitación
- uso de programas sociales con fines electorales
- corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones)
- robo de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
- delitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
- desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares
- delitos cometidos con medios violentos (armas y explosivos)
- delitos en materia de armas de fuego y explosivos exclusivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y
- otros delitos que, según la ley, afecten la nación, el desarrollo personal o la salud
Entrada en vigor de la reforma constitucional
La reforma entró en vigor el día siguiente de su publicación. La inclusión de delitos como el uso de comprobantes fiscales falsos ha sido objeto de críticas, ya que se argumenta que estas disposiciones podrían ser aplicadas de manera arbitraria por la autoridad, desviándose de su propósito original de combatir eficazmente la defraudación.
