La compraventa de inmuebles debe realizarse mediante escritura pública ante un notario público para que tenga validez y efectos legales. Esto implica que tanto el comprador como el vendedor deben firmar el contrato para formalizar la transacción; no obstante, hay situaciones en las que el propietario no puede o no desea firmar la escritura, y en estos casos se suelen utilizar figuras legales que permiten a un tercero actuar en su nombre.
Una de las figuras más comunes es el mandato, un contrato en el que el propietario (mandante) otorga a otra persona (mandatario) el poder para representarlo en actos jurídicos, incluyendo la venta de inmuebles. Este mandato, por lo general, se instrumenta mediante un poder notarial en escritura pública, para acreditar la representación del mandatario frente a terceros.
También existe otra figura reconocida: la gestión de negocios. A diferencia del mandato, la gestión de negocios ocurre cuando una persona (gestor) actúa en beneficio de otra (el dueño del negocio) sin contar con autorización o poder formal para hacerlo.
En este contexto, surge la duda sobre la validez de la compraventa de inmuebles realizada por un gestor, dado que no cuenta con un mandato formal.
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Según los tribunales el gestor puede realizar una compraventa
Al respecto, recientemente, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur ha establecido que una compraventa realizada por un gestor puede ser válida si el propietario ratifica la operación, incluso de manera tácita, como se advierte en el siguiente criterio:
Si bien la reciente jurisprudencia permite validar la compraventa de inmuebles mediante gestión de negocios con una ratificación tácita, su aplicación requiere cautela. Esta figura debería limitarse a situaciones de verdadera necesidad, ya que permitir que terceros realicen ventas sin un poder formal puede propiciar abusos.
Aunque facilita transacciones urgentes, la gestión de negocios no debe considerarse un sustituto del poder notarial en actos de dominio, pues este permite que el propietario tenga control sobre los actos que afectan sus bienes.
