Ante la actual crisis de violencia en el país, la titular de la Presidencia de la República emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 18 de marzo de 2025, un Decreto por el que se fortalecen los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
En este decreto se establecen las acciones concretas para mejorar la coordinación, el uso de tecnología y la asignación de recursos en la localización de personas desaparecidas, las cuales se enuncian a continuación.
Coordinación interinstitucional para la búsqueda de personas
Todas las dependencias y entidades del gobierno federal deberán colaborar con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Su función será fortalecer los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas mediante la implementación de estrategias, herramientas y metodologías especializadas.
Se busca una mayor coordinación interinstitucional para mejorar la eficiencia de las acciones de búsqueda y garantizar una respuesta más efectiva ante la crisis de desapariciones.
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Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda
La CNB recibirá mayores recursos y capacidades técnicas con el propósito de mejorar su operación en diversas áreas clave:
capacidad de atención
análisis de contexto, y
adquisición y uso de tecnología
Garantía de recursos para la CNB
Para asegurar que la CNB pueda realizar su labor de manera efectiva, se contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporcionará los recursos necesarios en áreas fundamentales: herramientas, recursos humanos y materiales financieros y tecnológicos.
Autorización de presupuesto y enfoque en derechos humanos
La SHCP deberá autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con lo establecido en el decreto. Se enfatiza que los recursos asignados deben garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familiares, asegurando una búsqueda efectiva y transparente.
Entrada en vigor y vigencia del decreto
El decreto entra en vigor el día de su publicación en el DOF. Su vigencia será durante el ejercicio fiscal 2025, con la posibilidad de extenderse en años posteriores.
¿Qué impacto tendrá esta nueva medida?
A lo largo de los años, se han implementado diversas leyes y estrategias para abordar la violencia en México, con resultados variables en su aplicación y sostenibilidad en el tiempo. La efectividad de estos procesos dependerá no solo de su contenido, sino de su implementación y cumplimiento. Así, su verdadero impacto se medirá en función de los cambios que logre generar en la actual crisis que enfrenta el país.
