El 1o. de abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 19 y la adición de dos párrafos al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. El objetivo central de esta reforma constitucional es fortalecer la seguridad y soberanía nacional frente a amenazas externas.
Reforma al artículo 40 constitucional en materia de soberanía nacional
El artículo se modificó incorporando un nuevo párrafo que establece explícitamente el reconocimiento y la protección de la soberanía del Estado mexicano.
Este nuevo texto señala claramente que el pueblo de México no aceptará, en ninguna circunstancia, intervenciones extranjeras que afecten la integridad, independencia o soberanía del país.
Entre las situaciones específicamente mencionadas están los golpes de Estado, la interferencia en procesos electorales y la violación del territorio nacional por cualquier medio, incluyendo tierra, mar, aire o espacio. Asimismo, cualquier intervención extranjera en investigaciones o procesos legales deberá contar con autorización expresa del Estado mexicano y apegarse estrictamente al marco legal vigente.
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Reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa
La reforma al artículo 19 agrega explícitamente el delito de terrorismo dentro de los supuestos que ameritan prisión preventiva oficiosa. También se establece que tanto nacionales como extranjeros involucrados en la fabricación, distribución, traslado o internación ilegal de armas recibirán las sanciones más severas posibles y estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa.
Además, los extranjeros que participen en actividades consideradas atentatorias contra la soberanía nacional, conforme a lo señalado en el artículo 40, también enfrentarán esta medida.
Contexto de la reforma
La reforma constitucional tiene su origen en una propuesta presentada por la presidenta de México, quien, según el propio texto de la iniciativa, aclara que no pretende limitar la colaboración internacional en materia de seguridad y justicia, sino establecer condiciones claras que protejan la autonomía nacional.
Según los dictámenes de discusión, los legisladores coincidieron en que la situación actual demanda ratificar y fortalecer los principios históricos del país, considerándolos una reserva estratégica clave para enfrentar los desafíos vigentes.
Sin duda, estos cambios constitucionales ocurren en un contexto político complejo derivado de las tensiones con Estados Unidos, caracterizado por debates sobre cooperación y respeto a la soberanía nacional, especialmente en temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico.
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